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Claudio Herzka,Al.Mercadocherzka@peru21.com

El problema es que esos costos no se contrastan con los que genera la permanencia del mercado ilegal. Aparte de la interdicción y el control –que casi siempre tienen resultados fallidos– está el costo de la corrupción y la violencia que produce la guerra contra el narcotráfico (coca, heroína o químicos). La venta de estupefacientes es un gran negocio, deja un margen operativo muy alto y tiene una inmensa capacidad de corrupción. Esa lucha por obtener el mayor margen desata una violencia inusitada y una secuela destructiva. El impacto es duro en la sociedad, y ya se observa en varios países, incluido el Perú. Este costo tiene que compararse con el de la legalización que, por cierto, debe hacerse con una supervisión del Estado.