Yehude Simon tras declararse infundada prisión preventiva en su contra: “Soy inocente, el proyecto Olmos nació limpio”

El exgobernador de Lambayeque, Yehude Simon, se pronunció a su salida del Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, luego que la jueza María de los Ángeles Álvarez declarara infundado el pedido de prisión preventiva por 36 meses en su contra.

La exautoridad regional ratificó su inocencia y precisó que no rebatirá los argumentos expuestos por el Ministerio Público que lo involucran con una posible recepción de dádivas de la empresa brasileña Odebrecht a cambio de la concesión del proyecto Trasvase Olmos.

“Reafirmo lo que siempre he dicho: ‘que soy inocente’. El proyecto Olmos para mí nació limpio. No voy a hablar de los argumentos de la Fiscalía, porque me es importante que esto siga. Dios hizo que la justicia se cumpla y veremos que pasa”, comentó.

De otro lado, el también expresidente del Consejo de Ministros, señaló que espera poder responder respecto a ciertas informaciones que se han divulgado sobre la investigación.

“Yo di y pedí por mi pueblo. Hice las cosas de la manera más limpia. He sido premiado por Transparencia y me duele todo esto”, añadió.

RECHAZAN PRISIÓN PREVENTIVA

Como se conoció, Simon es investigado por el presunto delito de colusión y lavado de activos y por ello la Fiscalía solicitó una prisión preventiva de 36 meses. Sin embargo, en la audiencia realizada este domingo, la jueza no halló el cumplimiento de todos los requisitos que ameritaban la medida restrictiva contra el exparlamentario.

Si bien se determinó que existían elementos fundados y graves de la comisión del presunto delito de colusión y lavado de activos, y el prognosis de pena mayor a cuatro años, no ocurrió igual con la obstaculización de justicia ni peligro de fuga.

En el análisis de obstacualización de justicia, el Poder Judicial consideró que Simon tenía arraigo domiciliario pues se explicó que, en el día de la detención preliminar, fue detenido en su domicilio en Lima en donde se observaba que realizaba su vida familiar. Igualmente tomó en cuenta que otro inmueble de su propiedad ubicada en Chiclayo forma parte del “grupo familiar”.

Al ser descartada esta medida, María Álvarez ordenó en su lugar la comparecencia por restricciones “que durará por todo el proceso”. Para ello, la jueza dictó una serie de medidas como el control biométrico, prohibición de salida del país y no tener contacto con los testigos del caso. Además se ordenó el pago de una caución de S/30 mil que deberá ser cancelada en tres días hábiles.