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PJ dicta impedimento de salida del país contra Wilfredo Oscorima, gobernador electo de Ayacucho
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó comparecencia con restricciones al gobernador electo de la región Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, en el marco de la investigación que se le sigue por colusión y otros delitos.
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El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó comparecencia con restricciones al gobernador electo de la región Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, en el marco de la investigación que se le sigue por colusión y otros delitos.
De este modo, dicha instancia del Poder Judicial rechazó el pedido del Ministerio Público, que había solicitado 36 meses de prisión preventiva contra Oscorima Núñez.
Asimismo, la autoridad electa no podrá salir del país por el plazo de un año, deberá pagar una caución económica de 100 mil soles, cumplir con el control biométrico mensual, entre otras reglas de conducta.
No podrá salir del país por el plazo de un año, deberá pagar una caución económica de S/. 100 000, cumplir con el control biométrico mensual, entre otras reglas de conducta. pic.twitter.com/mpjWQtuaUI
— Corte Superior Nacional Oficial (@csnjpeOficial) October 26, 2022
La fiscal provincial Ángela Zuloaga, del equipo especial Lava Jato, había solicitado prisión preventiva contra Oscorima Núñez tras formalizar la investigación preparatoria por colusión agravada, cohecho pasivo propio y asociación ilícita.
Al funcionario electo se le investiga por su intervención en el proceso de licitación pública ‘Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Abra Toccto-Vilcashuamán, Tramo: Condorcocha-Vilcashuamán’.
Así, se le imputa haber concertado, entre junio y julio del 2014, a través de Alejandro Tello Palacios, gerente general de la empresa ALTESA Contratistas Generales, con Manuel Tejeda Moscoso, funcionario de Obrainsa, para favorecer a dicha empresa a cambio de un beneficio económico.
De esta manera, según la fiscalía, habría quebrantado su deber funcional específico de cautelar y respetar los principios de imparcialidad, transparencia y trato justo a los postores, defraudando patrimonialmente al Estado.
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