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Vladimiro Montesinos: INPE y Marina de Guerra abrieron investigación por comunicaciones telefónicas

En un comunicado conjunto, el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) y la Marina de Guerra del Perú anunciaron el inicio de una investigación sumaria en contra del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, quien se encuentra recluido en la Base Naval del Callao.

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En un comunicado conjunto, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Marina de Guerra del Perú anunciaron el inicio de una investigación en contra del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos por conversaciones telefónicas que protagonizó desde la Base Naval del Callao donde está recluido.
“Está en proceso una investigación sumaria al interno Montesinos, según lo establece el reglamento del CEREC y lo dispuesto por el INPE. Mientras tanto, el interno no podrá realizar ninguna llamada telefónica”, se indicó.
En tanto, se informó que se inició otro proceso “para determinar si habría responsabilidades en el personal” del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC) de la Base Naval.
Ayer, el excandidato presidencial Fernando Olivera, secretario general de la agrupación Frente Esperanza, presentó audios que se le atribuye al exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, en donde confabula sobre supuestos pagos para magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
En el comunicado se señala que el centro de reclusión cuenta con una línea telefónica que es proporcionada por el INPE, mediante el cual se puede realizar llamadas “de manera excepcional” con familiares y abogados, “siempre y cuando no se vulnere la seguridad nacional”. Esto previa autorización.
Así, las instituciones confirman que Montesinos solicitó permiso para llamar el 10 y el 23 de junio a su pareja, cuyo nombre y números se encuentran identificados por las autoridades. Estos días fueron los que el exasesor de habría comunicado con personas que no se encontraban registradas.
“La Marina de Guerra del Perú y el INPE ratifican que cumplen rigurosamente todas las disposiciones vigentes para el funcionamiento del citado centro de reclusión, lo que, en el marco de la transparencia y legalidad de los actos institucionales, puede ser verificado y comprobado con autorización de las autoridades competentes”, finaliza en el comunicado.
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