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Vacunagate: Otto Guibovich preside comisión que investigará irregular aplicación de vacunas
El congresista Otto Guibovich (Acción Popular) fue elegido presidente de la comisión encargada de investigar la aplicación irregular de la vacuna de Sinopharm contra el coronavirus (COVID-19) del Congreso de la República.
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El congresista Otto Guibovich (Acción Popular) fue elegido presidente de la Comisión encargada de investigar la aplicación irregular de la vacuna de Sinopharm contra el coronavirus (COVID-19) del Congreso de la República.
El grupo de trabajo se instaló este jueves y eligió, por unanimidad, la lista que proponía a Guibovich como presidente, a Luis Castillo Oliva (Podemos Perú) como vicepresidente y a Carlos Mesía (Fuerza Popular) como secretario.
“Tenemos un desafío muy grande en manos y la única forma de acometerla en este plazo tan corto es trabajando en equipo, no nos queda alternativa. Aquí vamos a tener que encontrar la verdad y precisar responsabilidades en el plan político porque tiene que ver con la cosa pública”, señaló el congresista de Acción Popular tras su elección.
“De otro lado [debemos encontrar] las responsabilidades penales a que hubiese lugar de aquellos funcionarios que no están comprendidos en el artículo 99 de la Constitución [pero] como altos funcionarios también tendrá que ser aparte encontrada la responsabilidad y los indicios razonables denunciados a la fiscalía. Tenemos un trabajo bastante arduo y la única forma, reitero, es haciendo un trabajo en equipo”, agregó.
El Pleno del Congreso aprobó el último martes crear una comisión investigadora tras el escándalo relacionado a la vacunación en secreto de altos funcionarios, como el expresidente Martín Vizcarra y las exministras Pilar Mazzetti (Salud) y Elizabeth Astete (Cancillería). El grupo de trabajo tendrá 60 días para efectuar sus indagaciones.
En ese contexto se indagará el presunto favorecimiento en la aplicación de vacunas contra el COVID-19 a Martín Vizcarra, su familia, exministros y titulares de las carteras ministeriales, altos funcionarios públicos y demás personas que resulten involucradas. El período a indagar compromete el lapso correspondiente a agosto del 2020 hasta la actualidad.
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