El último martes, mientras en la casa de uno de los recolectores de dinero de la exalcaldesa de Lima, realizaban un allanamiento, ella se encontraba disfrutando del verano en la piscina que tiene en su casa ubicada en Lurín.

Fue en 2019 que la exburgomaestre aceptó haber recibido dinero de Odebrecht y OAS para financiar sus campañas de No a la revocatoria y de reelección a la alcaldía de Lima. A cambio de esa plata, según la Fiscalía, cedió a las empresas la concesión de los peajes Rutas de Lima y Línea Amarilla.

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Y no fueron pocos los montos. De acuerdo a la investigación, fueron US$10 millones los que entregaron las compañías a la exautoridad edil que quería mantenerse en el cargo.

Panorama reveló que, pese a tener problemas legales con la justicia peruana, sigue impune rompiendo algunas reglas más en la comodidad de su residencia.

El dominical reportó que la casa donde habita Villarán está a nombre de su hermano. Por esa razón no puede ser intervenida o allanada. Además, la vivienda de cinco pisos fue multada por la municipalidad de Lurín en junio de 2017 por exceder los niveles permitidos: el máximo de plantas eran tres.

Cada casa de la zona tiene un muro que delimita la distancia que debe respetar de la playa si es que desea seguir construyendo; sin embargo, a los Villarán la advertencia poco les ha importado, puesto que su casa tiene 10 metros de piscina, un patio y un muro que invade la playa, un espacio público.

En las audiencias, la exburgomaestre asegura que vive en el asentamiento humano Nuevo Lurín. Pero donde domicilia es una lujosa zona.

Una procesada por corrupción dándose un chapuzón de impunidad, pero no es la única.

Quien también vive libremente haciendo footing en Miraflores es su exgerente municipal José Miguel Castro. Según el Ministerio Público, coordinó con el mismo Jorge Barata la entrega del dinero para financiar las campañas de su exjefa.


DATOS

  • El pasado 20 de febrero, el Ministerio Público allanó la propiedad de Carlos Juscamaita en Surco.
  • Él es investigado por el presunto delito de lavado de activos que habría sido cometido durante la campaña contra la revocatoria de la entonces alcaldesa Susana Villarán.