En medio de su inoperancia por el desborde criminal en las calles, el gobierno de Dina Boluarte se aferra a un nuevo intento por enfrentar la inseguridad ciudadana: la aprobación en el Congreso, lo más rápido posible, de un proyecto de ley que busca incorporar en el Código Penal el delito de terrorismo urbano, endureciendo las penas por casos de sicariato, extorsión y homicidio, delitos que hoy imponen el terror en el país ante la vista del Ejecutivo.
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Esta propuesta ingresó la mañana de ayer a la mesa de partes del Legislativo con carácter de urgencia. El Gobierno esperaba que esta sea puesta en agenda para su debate y votación inmediata en el Pleno, pero los congresistas no le hicieron caso y decidieron debatir el texto sustitutorio presentado a última hora y sin consultar, por el presidente de la Comisión de Justicia, Isaac Mita que, además, modifica la denominación de terrorismo urbano por el de criminalidad sistemática. Este texto incluía las recomendaciones de la reunión que sostuvieron en la víspera con expertos en seguridad.
Así, se dejó fuera el dictamen inicial aprobado por este grupo de trabajo en julio pasado con base en 17 proyectos presentados sobre este tema. Se esperaba que la propuesta del Ejecutivo se acumule en el dictamen inicial, pero esta simplemente fue ignorada. Mita señaló que fue enviado tarde.
El proyecto del Gobierno buscaba modificar tres artículos del Código Penal, uno de ellos vinculado al sicariato para que la prisión por este delito sea no menor de 30 años. Para casos de extorsión se impondrá prisión no menor de 15 años ni mayor de 20 años.
En el texto, además, se propone penas de entre 10 y 15 años para quienes ejerciendo violencia o amenazas obstaculicen vías de comunicación, impidan el libre tránsito de la ciudadanía o perturben el funcionamiento de servicios públicos o la ejecución de obras para obtener ventaja de las autoridades.
Si el delito es cometido por miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional se aplicará la cadena perpetua. Esta misma pena se impondrá si el culpable de generar zozobra o terror en la población o un sector de ella usa armamento o material de guerra, armas o municiones de policías o emplea a menores de edad u otros que puedan ser inimputables.
