El Tribunal Constitucional señaló que el develamiento del motín en el penal de El Frontón, ocurrido en junio de 1986 y donde murieron unos 133 internos, no constituye un crimen de lesa humanidad.
En ese sentido, el colegiado precisa en su fallo que el Poder Judicial efectuó una indebida calificación de los hechos, ya que no existen pruebas que indiquen que existió una intención premeditada del gobierno de Alan García de acabar con la vida de los presos.
Asimismo, determina que tampoco "puede ser entendido como un ataque generalizado o sistemático contra la población civil", punto fundamental para calificar lo sucedido como crimen de lesa humanidad.
La sentencia del TC declara que los sucesos "no fueron organizados u ocasionados por el Estado o alguna de sus dependencias, sino por los internos del centro de reclusión, quienes se amotinaron, motivando la reacción del Estado".