TC critica votación a través de voceros en el Congreso: “El voto de cada congresista es ‘indelegable’”

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, cuestionó este martes la votación nominal que lleva a cabo el Congreso de la República en sus plenos virtuales, debido a que el voto de los legisladores “es indelegable”.

Fecha Actualización

29/12/2020 - 13:33

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma, cuestionó este martes el método de votación que emplea el Congreso de la República, a través de los portavoces de cada bancada en sus plenos virtuales, debido a que el voto de los legisladores es de carácter “indelegable”.

Durante su intervención en el debate sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley N°31018 que suspende el cobro de peajes administrados por concesionarios privados durante la emergencia sanitaria, la magistrada sugirió proponer en la resolución que se garantice el “voto personal, directo y público de cada congresista”.

“Apoyo el pronunciamiento que se propone en la interpretación que las sesiones virtuales (del Congreso) se podrán realizar siempre y cuando se garantice el carácter público y la participación, voto personal, directo y público de cada congresista. Es indelegable el voto de cada congresista por el portavoz [...] Cada congresista y no su portavoz representa a la Nación”, señaló.

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Dicha postura fue compartida por su antecesor en el cargo, el magistrado Ernesto Blume, quien dijo creer que este tipo de votaciones “no respeta los parámetros constitucionales”.

“Ello no es admisible en el sistema constitucional, quien es congresista está en el imperativo de participar, está en la obligación de participar y de participar en forma directa, porque su voto es ‘indelegable’”, indicó.

“Eso no es admisible, eso para mí no respeta los parámetros constitucionales”, agregó.

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Este martes, el Tribunal Constitucional (TC) declaró fundada por unanimidad la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo contra la Ley N°31018 que suspende el cobro de peajes administrados por concesionarios privados durante la emergencia sanitaria, promulgada por insistencia por el Congreso.

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