Tantas veces (rebota) Pedro

En los últimos meses, Castillo ha recibido golpe tras golpe en el Poder Judicial, que sigue rechazando los más de diez recursos presentados por sus defensores, desde junio de 2022, cuando aún sin llegar al año como presidente, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria declaró infundada la tutela de derechos por presunta violación a los principios constitucionales de legalidad procesal y al principio de seguridad jurídica, la que luego fue ratificada por la Sala Suprema. El hoy preso mandatario buscaba así, a través del recurso cursado por su entonces abogado Benji Espinoza, que se anule la disposición fiscal para ampliar las investigaciones por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.

Son cinco las tutelas de derecho que Castillo ha visto perdidas en el Poder Judicial, incluida la del último martes 20, que pretendía frenar las pesquisas que se le siguen por el delito de rebelión tras el golpe de Estado de diciembre último. También fueron declaradas improcedentes las tutelas de derecho a raíz de la investigación que se le seguía por el delito de encubrimiento personal, en agosto de 2022; la que buscaba anular la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía por colusión y crimen organizado, en noviembre de ese año; y una por presunta filtración de información en el caso ascensos de las Fuerzas Armadas, cuyas apelaciones también fueron rechazadas después por la Corte Suprema.

Las leguleyadas del staff legal del golpista exmandatario no tienen cuándo acabar. Este último viernes 23, Castillo y su ahora abogado en este caso, Guillermo Olivera, presentaron un recurso de amparo para anular su vacancia y que se le reponga como presidente. Es el tercero que sobre este tema presenta en lo que va del año. Y todo indica que seguirá la misma suerte que los anteriores recursos.

En su sustentación ante la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, Olivera argumenta que lo que su patrocinado hizo durante su mensaje a la nación del 7 de diciembre fue solo “leer” un papel y que nunca llegó a disolver el Congreso.

Este débil argumento colisiona con el pronunciamiento emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, máxima instancia jurisdiccional ordinaria del Poder Judicial, que ya estableció, en su resolución de prisión preventiva de 18 meses contra el golpista, que el mensaje a la nación implicaba la disolución inconstitucional y la alteración de los organismos constitucionales.

Incluso así, la defensa de Castillo se atrevió a interponer un recurso de casación para anular la disposición de prisión preventiva emitida por la Sala Permanente, la que obviamente fue declarada inadmisible por la Corte Suprema en marzo último.

Andy Carrión, experto en temas penales, refuerza este punto y avizora que el panorama seguirá sombrío para el exmandatario.

“Los recursos están muy mal planteados pues no tienen los sustentos jurídicos necesarios para ser favorecidos en el Poder Judicial o en el Tribunal Constitucional. Los temas ya han sido discutidos, son poco sólidos y va a seguir perdiendo los recursos porque el propio Ttribunal Supremo se ha pronunciado al respecto sobre varios de los puntos que Castillo sigue sometiendo a discusión de los tribunales”, explicó a Perú21.

Horas después del encierro de Castillo el 7 de diciembre, luego de ser detenido en flagrancia huyendo a la embajada de México, su defensa legal presentó un hábeas corpus para obtener su libertad. Este fue rechazado un día después. Un recurso ciudadano también fue declarado improcedente por esos días turbulentos. Otros hábeas corpus que pretendían dejar libre al golpista siguieron el camino de la improcedencia en la corte en febrero y abril último. Uno de ellos, promovido por la Federación Nacional de Abogados, solicitaba que Castillo sea restituido como presidente, que se anulen todas las resoluciones judiciales, y que hasta se ratifique la disolución del Congreso. En febrero, el Poder Judicial también declaró infundado un recurso para anular la investigación contra Castillo por rebelión.

“Están insistiendo en estos recursos de cara a generarse algunas incidencias para tramitarlo en el ámbito internacional. Dudo que tengan algún tipo de éxito en nuestro país, pero sí podría aplicarle la jurisdicción de la Corte Interamericana”, señaló Carrión.