La procuradora ad hoc para el caso Odebrecht, Silvana Carrión, se pronunció luego de que el Tribunal Federal de Brasil declarara la “nulidad absoluta” de todos los procesos contra Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora involucrada en sobornos a altos funcionarios en varios países de la región.
Carrión indicó que la decisión judicial brasileña no abarca al proceso de colaboración de Marcelo Odebrecht con las autoridades peruanas. Esto debido a que, según indicó, las confesiones del dueño de la constructora se dieron bajo las normas jurídicas peruanas y es un juez peruano el que debe revisar esas pruebas.
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Sin embargo, la procuradora indicó que las defensas de los investigados por el caso Odebrecht buscarán utilizar la decisión judicial brasileña como argumento de defensa. No obstante, enfatizó que los magistrados peruanos no tiene por qué obedecer lo que señale la justicia de Brasil.
“Sin duda lo que ha sucedido en Brasil va a ser utilizado por las defensas en las investigaciones, pero no significa que los jueces peruanos van a acatar o van a tener que regirse por lo que la justicia brasileña ha decidido. (...) No consideraría que se dejen influenciar por lo que está decidiendo la justicia brasileña porque los jueces peruanos tienen que pronunciarse sobre las investigaciones y cómo la prueba ha sido introducida en cada investigación aquí en el Perú”, aseguró a RPP.
La procuradora enfatizó que otras empresas peruanas, así como personas naturales y funcionarios de Odebrecht han brindado información a las diligencias sobre el caso Lava Jato bajo las leyes peruanas.
“Hay funcionarios de Odebrecht que se han sometido a la colaboración eficaz bajo las leyes peruanas y han entregado información bajo las leyes peruanas”, concluyó.
Tribunal Supremo de Brasil
Este martes se conoció que el Tribunal Supremo de Brasil anuló los procesos contra Marcelo Odebrecht, dueño de la constructora que lleva su apellido y que es acusada de sobornar a altas autoridades en diversos países de la región. La decisión se dio ante supuestas irregularidades en el proceso.
“Dado el contenido de los frecuentes diálogos entre magistrado y fiscal sobre el demandante, así como sobre las empresas que presidía, resulta clara la mezcla de la función de acusación con la de juez, erosionando las bases del proceso penal democrático”, habría señalado el juez Dias Toffoli.
Asimismo, la decisión del juez implica la suspensión de todos los procesos penales abiertos contra el empresario.
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