Qué duda cabe de que la creciente inseguridad ciudadana es un tema pendiente de resolver. Según datos del Barómetro de Seguridad de Ipsos, el 76% de los peruanos se sienten inseguros al salir de sus casas. En Lima, la cifra alcanza el 81%.
En tanto, la tasa de victimización entre enero y junio de 2024 es de 27.7%, según informó el Instituto Nacional de Estadística de Informática (INEI), lo que significa un incremento de 5.1 puntos porcentuales con relación al mismo periodo de tiempo del año 2022. La percepción de inseguridad pasó de 82.6% (el año pasado) a 86.1% (este año). ¿Qué hacer para frenar al hampa?
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NUEVAS LEYES
En los últimos días, el Congreso de la República ha aprobado una serie de iniciativas con las que pretende cambiar el escenario actual. Una de ellas es la cuestionada imputabilidad delictiva de la que serán pasibles los adolescentes de 16 y 17 años, con lo que se busca atender al incremento en la participación de jóvenes adolescentes en actos delincuenciales, así como su presencia en bandas criminales extranjeras que los reclutan.
Los delitos por los que los adolescentes podrían ir a prisión son terrorismo, homicidio calificado, secuestro, extorsión, sicariato, narcotráfico y violación sexual. La condena oscilará entre los 6 y 8 años de cárcel.
El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, defendió el cambio y dijo que “es pertinente sancionar a menores por delitos graves”, porque se trata de hechos concretos y reales que se ven en la calle. “Son sicarios menores de edad que actúan por encargo. No tienen una sanción penal y van a un centro juvenil, como Maranguita, y salen y vuelven a cometer los mismos delitos”, explicó.
No obstante, organizaciones internacionales, como Unicef y Save the Children, han criticado la medida. El exviceministro del Interior Ricardo Valdés declaró a Perú21 que esta norma es “un gran error”, ya que la Constitución establece que la ciudadanía empieza a partir de los 18 años.
“Además, el Perú ha suscrito la Convención sobre los Derechos del Niño. Nuestras cárceles están hacinadas. ¿Cómo van a convivir los delincuentes rankeados con los menores de edad? El remedio será peor que la enfermedad”, puntualizó.
Del mismo modo, el Parlamento aprobó la ley que crea el registro de prestadores de delivery, debido al incremento de víctimas de delito en moto por parte de personas con situación migratoria irregular. Para inscribirse en el registro, se les exigirá contar con un documento de identificación, licencia de conducir, SOAT vigente y certificado de revisión técnica. Con el mismo tenor, también aprobaron una norma que dispone la obligatoriedad de identificación de personas extranjeras.
Asimismo, el Pleno del Congreso aprobó un proyecto de ley que modifica la Ley del Uso de la Fuerza de la PNP, para permitir a los miembros de la Policía abatir a los delincuentes en flagrancia cuando se empleen armas que pongan en riesgo la vida de los agentes o de terceros.
Sobre ello, dijo Valdés, “el Congreso está legislando de manera populista”. Sin embargo, el congresista Jorge Montoya, promotor de la norma, indicó que con ella “garantizamos que nuestros policías no serán procesados ni perseguidos penalmente por el uso de sus armas reglamentarias en defensa de la ley y la seguridad ciudadana”.
CONTRA LA EXTORSIÓN
En cuanto a la extorsión, el Congreso aprobó en primera votación incorporar la modalidad de préstamos gota a gota en el tipo penal de extorsión.
La pena para este ilícito será no menor de 15 ni mayor de 25 años de cárcel. La congresista Patricia Juárez, de Fuerza Popular, manifestó que estos créditos “no serán más una herramienta de terror en nuestro país” ya que con esta norma “combatiremos la usura extorsiva y le pondremos fin a esta práctica criminal que afecta a miles de familias peruanas”.
Al respecto, Ricardo Valdés manifestó a Perú21 que los legisladores deben reflexionar sobre por qué tiene cabida el gota a gota. A su juicio, “el informal tiene serias dificultades para acceder al mercado financiero, pero lamentablemente no tenemos congresistas pensantes”.
Con el mismo fin, se aprobó en primera votación prohibir a empresas operadoras de telefonía que presten servicios en el perímetro de las cárceles —desde donde muchas veces se hacen las llamadas extorsivas— y que, más bien, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) esté facultada para congelar los fondos vinculados a delitos de extorsión. El Ministerio del Interior tiene un plazo de 60 días para reglamentarla.
PROYECTOS PENDIENTES
Fuero militar-policial. La presidenta Boluarte anunció la presentación de una ley que establezca que policías y militares que usen su arma de reglamento en el cumplimiento de sus funciones sean juzgados en el fuero militar-policial.
Personal en franco. También se promoverá una ley que permita la contratación de personal en franco y vacaciones en la Policía, y se destinarán recursos para ampliar y construir penales.
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