Nelson Shack: “Comisión de control investigará nueva licitación de Petroperú”

Estoy sorprendido porque he tomado conocimiento de un comunicado que ha sacado Petroperú dando a entender que la Contraloría está participando con el control concurrente y simultáneo. Nosotros no hemos participado en absoluto en este proceso, que ha terminado prácticamente con el mismo resultado que el anterior. Se ha dispuesto una comisión de control posterior para ver qué es lo que ha pasado con este nuevo proceso.

Evidentemente esta precedido de una serie de índicos más que razonables de presuntas irregularidades administrativas y de carácter penal de un proceso anterior. Pero, si tú me preguntas si una empresa que está siendo sólo investigada, puede contratar con el estado, participar en los procesos de contratación, la respuesta es sí. Sin embargo, eso no significa que los procesos de contratación hayan sido regulares.

Eso es lo que la lógica indicaría. Sin embargo, en la Contraloría sólo analizamos estrictamente el tema legal. Entonces, ahí hay una serie de situaciones no sólo en este caso sino en otros, donde le toca a la representación política hacer una serie de reformas en los procesos de contratación. Una empresa que está siendo investigada y una persona que está siendo investigada, tiene presunción de inocencia. Pero esa presunción de inocencia no puede ser absoluta tampoco, ningún derecho es absoluto en sí mismo. Entonces ¿es posible que postulen? Sí ¿se puede impedir su postulación? No, porque todavía no ha sido sancionado.

Nosotros vamos a ver cada una de las etapas de este nuevo contrato para ver si han respetado los procedimientos. Hay que recordar que dentro de las normas Petroperú tiene un marco propio para contratar tiene que hacerse la evaluación en función a lo que establece ese marcio legal de Petroperú, y eso va a hacer la comisión. Yo me imagino que mañana o pasado ya estará lista la nueva comisión para ver esta nueva contratación.

Se han identificado dos docenas de designaciones donde hay indicios de que no cumplen con el perfil. Y, por lo tanto, lo que corresponde luego de haber sido advertidos con sendos informes de control, es el deslinde de responsabilidades administrativas y penales en los funcionarios que tomaron esas decisiones en perjuicio del Estado. De hecho de esos 24 casos, en 10 , las autoridades reaccionaron oportunamente y dejaron sin efecto la designación. Hay tres casos en los que al parecer habría habido un legajo no actualizado y han sustentado que sí cumplen con el perfil.

La pregunta es: ¿quiénes tienen que sancionar? Hay distintos órganos que tienen que proceder con la sanción. La Contraloría; para el proceso de inhabilitación de los funcionarios públicos, el sistema de Justicia, el Ministerio Público porque la designación irregular está tipificada en el Código Penal. Pero también hay otro actor; el Congreso de la República que tiene un rol. Hay que ser conscientes que hay muchos vacíos y muchos perfiles que no existen en puesto importantes. Hay que resolver eso, por eso hemos acudido al Congreso para que se regule el tema de adecuados perfiles, para que cumplan estándares mínimos en toda la administración.

No hemos evaluado cuán transparente es el gobierno de Castillo, no es una competencia de la Contraloría. Lo que sí se está haciendo es una serie de informes puntuales como el caso de las reuniones en Sarratea, en donde hemos advertido que hay riesgos de deterioro de los niveles de Transparencia y no es solamente un tema conceptual, es un tema legal. Se están vulnerando, además, la gestión de intereses en el Estado, las normas del servicio civil. Mientras más alta sea la jerarquía de los funcionarios mayor responsabilidad tienen de transparentar todo lo que hacen.