Ollanta Humala y Nadine Heredia
Ollanta Humala y Nadine Heredia

El pasado 19 de agosto la defensa legal del ex presidente y de esposa presentó un recurso de casación con el fin de anular la orden de 18 meses de prisión preventiva contra la ex pareja presidencial. La Primera Sala Suprema Penal Transitoria de la Corte Suprema decidió ayer realizar el lunes 4 de diciembre una audiencia interna para decidir si admiten o no el citado recurso. 

En diálogo con Perú21, Pedraza explicó que esta primera etapa de calificación se trata de una discusión interna donde la Corte Suprema valida o no que los argumentos y el procedimiento que se ha seguido para la concesión del recurso sea admisible. “Es decir, se decidirá si se admite o no la casación. Si no la admiten ahí quedó todo pero si es positivo van a decidir qué aspectos de la casación van a resolver”, sostuvo.

La defensa agregó que se trata de un recurso extraordinario "bien planteado que además de resolver el caso específico tiene que fundarse en la solución de temas que no estén muy claro para los jueces. Por ejemplo estamos pidiendo que se pronuncien sobre sí el otorgamiento de un poder a un familiar de Heredia para que los hijos puedan viajar al extranjero es o no un elemento afecta el peligro procesal como dice la sala”, manifestó

En ese escenario, Julio César Espinoza, también abogado de Humala, explicó a RPP Televisión que la vista de causa corresponde a una primera fase de un procedimiento que espera tome unos 45 días. "Unos 20 días después la sala suprema tendría que fijar una fecha para la realización de una audiencia pública donde los defensores de la ex pareja presidencial debatirán con el fiscal supremo los fundamentos por los cuales se impuso la prisión preventiva", refirió.

El tribunal supremo es presidido por el magistrado supremo José Luis Lecaros Cornejo e integrado por los vocales Elvia Barrios Alvarado, Hugo Príncipe Trujillo, Juan Chavez Zapater y Jorge Ballardo Calderón Castillo

Ollanta Humala y Nadine Heredia llevan presos más de 4 meses, en el penal de la Diroes y en un extremo de la cárcel de Santa Mónica, respectivamente. Ambos son investigados por el delito de lavado de activos por los aportes irregulares que habría recibido de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela para sus campañas electorales.