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Rodolfo Orellana: Comisión congresal aprobó por unanimidad el informe final
Según el documento, el movimiento económico que generaron las actividades ilícitas de la organización Orellana ascendie a S/.490,497,762.22.
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La comisión investigadora del Congreso de la República sobre el caso Rodolfo Orellana, presidida por Vicente Zeballos, aprobó por unanimidad el informe final, que contiene 97 conclusiones y 70 recomendaciones, y lo entregó a la presidencia de la Mesa Directiva para ser incluida en la agenda y debatida por el Pleno, para luego, en caso sea aprobado, derivarlo a las entidades públicas para su implementación.
En el documento se resalta la existencia de una organización criminal que inició sus operaciones ilícitas a partir del año 2002, la misma que fue liderada y financiada por Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo, quienes coordinaban y disponían que sus demás integrantes realicen diferentes tareas o funciones relacionadas a la apropiación ilícita, saneamiento irregular de inmuebles, asesoramiento empresarial para defraudar al Estado y a particulares, entre otras actividades.
Para realizar estas actividades, la organización de Rodolfo Orellana contaba con el apoyo de sus familiares, un equipo profesional conformado por abogados, árbitros, ingenieros, administradores, contadores y personas que prestaban su consentimiento para figurar como vendedores o compradores de inmuebles.
Asimismo, Rodolfo y Ludith Orellana constituyeron y adquirieron diversas empresas con el objeto que, a través de ellas, se adquieran inmuebles y en sus cuentas se abonen los pagos por las transferencias inmobiliarias que realizaban los testaferros.
Esta organización criminal tenía a su disposición un equipo profesional que, de acuerdo a su especialización, elaboraba estrategias (entiéndase contratos simulados, laudos arbitrales) para que, a través de procesos judiciales y administrativos, concrete sus actividades ilícitas. Esta área estaba integrada por un importante número de abogados especialistas en derecho civil, penal, administrativo, registral, notarial y constitucional, los mismos que, a través de lobbies y actos de corrupción, obtuvieron decisiones favorables en beneficio de los intereses del grupo Orellana Rengifo.
Además, la red de Orellana tenía a su disposición a varias personas dedicadas a actos de hostilización y amedrentamiento, las mismas que, bajo la dirección de Benedicto Jiménez Bacca y el financiamiento de Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo, habrían realizado acciones de reglaje e intimidación contra los ciudadanos o funcionarios públicos que denunciaban las actividades ilícitas de la organización, con la única finalidad de elaborar denuncias y fabricar hechos calumniosos y difamatorios, que luego eran propalados por medios de comunicación televisivos y escritos, como el programa Juez Justo TV SAC y las revistas Juez Justo, Vox Populi, Quinto Poder y otros pasquines destinados a difamar, intimidar, y desprestigiar.
El movimiento económico que generaron las actividades ilícitas de la organización Orellana ascendió a S/.490,497,762.22, en rubros como inmuebles, cooperativas, intermediación legal y minería.
Sobre las instituciones públicas se destaca que la permanencia en el tiempo de la organización criminal de Rodolfo Orellana habría obedecido principalmente a la falta de iniciativa de control y a los actos de corrupción al interior de algunas entidades públicas, toda vez que las mismas recién iniciaron investigaciones y modificaron sus reglamentos internos ante los informes periodísticos y la instalación de la presente comisión congresal.
Producto de esta investigación se incluyen iniciativas legislativas que van a cautelar los vacíos normativos que permitieron a la organización criminal de Rodolfo Orellana apoderarse de los inmuebles, defraudación al estado y privados.
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