La acusación fiscal incluye a Rodolfo Orellana Rengifo y su hermana Ludith Orellana Rengifo, acusados de pertenecer a una organización criminal dedicada al saneamiento y apoderamiento ilícito de bienes inmuebles. (Foto: Agencia Andina)
La acusación fiscal incluye a Rodolfo Orellana Rengifo y su hermana Ludith Orellana Rengifo, acusados de pertenecer a una organización criminal dedicada al saneamiento y apoderamiento ilícito de bienes inmuebles. (Foto: Agencia Andina)

El Primer Juzgado Penal Colegiado reprogramó para el lunes 21 de noviembre, el inicio del juicio oral del , que tiene 79 imputados, a los cuales se les atribuye más de 200 delitos, como organización criminal, lavado de activos, entre otros.

La reprogramación del juicio obedece a razones de disponibilidad logística en cuanto a la sala de juzgamiento. La audiencia se realizará en el edificio Carlos Zavala Loayza, a partir de las 09:30 horas.

Hasta la fecha, el Caso Orellana es el más complejo que se tramita en la Corte Superior Nacional con el Código Procesal Penal. El Ministerio Público ha ofrecido en el juicio oral más de 480 testigos.

La acusación fiscal incluye a Rodolfo Orellana Rengifo y su hermana Ludith Orellana Rengifo, acusados de pertenecer a una organización criminal dedicada al saneamiento y apoderamiento ilícito de bienes inmuebles.

Para ambos, la Fiscalía ha solicitado 33 años y 4 meses de pena privativa de la libertad. Asimismo, señaló que cuenta con 5000 pruebas documentales en el marco de esta investigación.

En total, se trata de 64 personas naturales y 15 personas jurídicas, los que han resultado acusados en este caso, tras la investigación fiscal, que tuvo su inicio en el 2014. Además han sido considerados 112 hechos de lavado de activos en la acusación.

Entre los acusados también figura el abogado y exmiembro de la Policía Nacional (PNP) Benedicto Jiménez Bacca, para quien se ha solicitado 26 años y 8 meses de pena privativa de la libertad.

El exjuez supremo Robinson Gonzales Campos es otro de los implicados en el caso por lavado de activos. Contra él, la Fiscalía ha solicitado 13 años y 4 meses de prisión.

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