Ante guerras, enfermedades y otras amenazas, las naciones desarrolladas recurren a la ciencia y convocan a sus investigadores más destacados. Lo vimos durante la pandemia, cuando los científicos volcaron sus esfuerzos en generar nuevas herramientas para el diagnóstico, manejo y tratamiento de la COVID-19. En países como el nuestro, en donde la ciencia es poco apreciada, valiosas iniciativas de la academia y el sector privado recibieron poco o nulo apoyo del Estado. Quienes creímos que la crisis sanitaria al menos había servido para visibilizar la importancia de la ciencia como insumo para las políticas públicas, vimos con impotencia cómo el Gobierno hacía compras millonarias de pruebas diagnósticas inservibles y avalaba el escandaloso fraude del Vacunagate, ensayo clínico que terminó por enlodar la compra de vacunas chinas y selló el destino del entonces presidente Vizcarra.
Hacer que un país escuche a la ciencia no es fácil. No solo es resultado de la negligencia histórica de muchos gobiernos, sino también de gruesos vacíos en nuestra educación, la falta de cultura científica en la población y, no menos importante, la falta de participación de la comunidad científica en los asuntos del Estado. Ni las Universidades Públicas ni los Institutos Públicos de Investigación, ni el mismo Concytec —supeditado a las voluntades de la PCM— tienen el financiamiento ni el peso político para generar un cambio significativo en esta situación. En el Congreso de la República, las bancadas tampoco priorizan la ciencia en sus agendas. Sin embargo, hay algunas propuestas en curso que esperamos puedan ayudar a generar un momento en favor de los investigadores, como sanciones ejemplares al fraude científico, un mejor uso del canon minero para la ciencia, y la simplificación de procesos de importación de reactivos, insumos y equipos. Desde este año, el Parlamento también cuenta con una Oficina de Asesoramiento Científico. Está en manos de la Mesa Directiva y del Pleno evitar que estas iniciativas caigan en saco roto.