Rafael Vela: “Los que buscan ser elegidos deben ser intachables” [VIDEO]

La ciudadanía demanda madurez de sus representantes para que lleguen a consensos y escuchen lo que la sociedad pide: escoger a personas sin ningún cuestionamiento para ejercer la función pública.

Una persona sentenciada en una primera instancia tiene rota la presunción de inocencia. Luego tiene que ser confirmada por una instancia doble o plural, pero ya no hablamos de hipótesis, sino del análisis judicial de determinación de culpabilidad. La posibilidad de que exista un impedimento (para postular) para una persona sentenciada en una primera instancia obliga a relativizar otros derechos, como la pluralidad de instancia, pues se necesita contrapesar la idoneidad para el ejercicio de tan alta función pública. Mientras existan mejores filtros y mejores posibilidades para escoger a gente más idónea para el ejercicio de altos cargos, eso contribuirá también a mejorar la calidad de la gestión pública en general. Puede haber algún comentario respecto a que no es una instancia definitiva; la posición de la corrección judicial tiene que ser puesta en una necesaria contraposición con lo que es la necesidad de que personas idóneas ejerzan estos cargos. Desde ese punto de vista, la reforma contribuiría a que mejores personas accedan al ejercicio público.

El estándar para poder condenar tiene que ser el de superar cualquier duda razonable. Un juez o una pluralidad de jueces eventualmente han llegado a esa convicción. Ya no es una hipótesis o una conjetura, es la superación de la causa probable de condena a partir de la determinación judicial en un debido proceso. La garantía de los reexámenes va orientada a que todos tenemos derecho a que una instancia plural superior pueda revaluar la decisión de un juez de primera instancia. Aquí estamos en un escenario en que la sentencia de primera instancia ya ha roto, ya ha destruido la presunción de inocencia. Las personas que buscan ser elegidas deben ser intachables. La posibilidad de haber sido sometidos a la acción de la justicia generaría que existan blindajes a partir de haber adquirido la condición de funcionario de más alto nivel.

Siempre se busca que exista un perfil de idoneidad del representante público, debería ser gente intachable; los que quieren ser elegidos deben cumplir con el estándar mínimo. Sin duda alguna el hecho de no tener antecedentes penales puede corresponder también a buscar un perfil de la persona que eventualmente pueda representar a la sociedad.

Nosotros hemos sido agraviados permanentemente por Tomás Gálvez y Pedro Chávarry, no solo en la autonomía fiscal, sino hasta en lo personal con adjetivos y con una conducta inapropiada de un fiscal supremo, es decir, con una persona que está en la cúspide de la carrera fiscal. En ese sentido, hemos tenido una voz de reclamación de que se proscriba el abuso de poder de estas personas. Nosotros buscamos que las condiciones de nuestro trabajo sean las que la ley garantiza: de plena autonomía.

Gálvez tendría que ser destituido del cargo; sin embargo, nosotros reconocemos que la emergencia sanitaria ha afectado los procesos, no solo en el Ministerio Público, sino en la Junta Nacional de Justicia. Las medidas cautelares buscan que durante el desarrollo del debido proceso estas personas no continúen abusando de su poder, que es lo que han venido haciendo Gálvez y Chávarry. Gálvez en todo momento ha pretendido entrometerse y menoscabar la autonomía fiscal. Llegaba al extremo de parecer una especie de caja de resonancia de los abogados defensores del caso Lava Jato.

Esa es una estratagema de defensa porque el señor, dentro de su actividad como fiscal supremo, en las múltiples reuniones de coordinación siempre alababa la labor del equipo especial. Es a partir de la revelación de los audios de Los Cuellos Blancos que cambia su actitud. Si usted escucha el discurso de Gálvez, no es solo el de simpatía con las causas que están siendo objeto de investigación en el caso Lava Jato, sino que parece una réplica perfecta de los discursos de los abogados defensores. Incluso en el Congreso, cuando tuvo que responder a graves acusaciones formuladas en el Ministerio Público, toda su defensa fue de carácter político y de establecer simpatías con los grupos políticos que en ese momento tenían mayoría parlamentaria y que son objeto de investigación en la Fiscalía Lava Jato.