Keiko Fujimori: Constitucionalistas coinciden en que sentencia del TC es firme

El procurador del Poder Judicial, Marco Palomino, apareció ayer por la tarde en la puerta del Tribunal Constitucional (TC) para pedir a sus magistrados que esclarezcan el sentido de la sentencia que emitieron la semana pasada y que ordenó la libertad de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

A través de un recurso de aclaración, al que accedió Perú21, Palomino requiere que se deje sin efecto ese fallo y se realice una nueva votación, ya que advirtió “vicios y errores” en los argumentos de los cuatro jueces que avalaron la excarcelación. Dejar sin efecto significaría que la excarcelación de Fujimori sea anulada.

El procurador fue claro al señalar que solo los cuatro miembros que liberaron a la excandidata presidencial son los competentes para hacer el esclarecimiento. Ellos son Ernesto Blume, Augusto Ferrero, José Luis Sardón y Carlos Ramos.

Los cuestionamientos

Los tres primeros indicaron que las imputaciones contra Fujimori son “meras especulaciones”. Ramos, en tanto, se opuso a ese criterio y consideró que la excarcelación corresponde porque, al haberse disuelto el Congreso de mayoría fujimorista, no existe más peligro de obstrucción a las investigaciones fiscales.

Al respecto, Palomino advierte “una posición diametralmente opuesta (de Ramos) a los fundamentos del voto de los magistrados Blume Fortini, Sardón de Taboada y Ferrero Costa, con quienes hizo resolución para emitir una sentencia por mayoría”.

Cuestiona, además, que Blume, Ferrero y Sardón hayan hecho un análisis de fondo de las evidencias de la Fiscalía cuando esa competencia “le corresponde exclusivamente a la justicia ordinaria”.

También hace un reclamo importante: señala que la disolución del Legislativo no fue un ámbito de cuestionamiento por parte de la Procuraduría cuando el hábeas corpus se sustentó por escrito y oralmente. Y, debido a ello, se ha vulnerado su derecho de defensa.

Este diario conversó con el expresidente del TC Víctor García Toma y la constitucionalista Fabiana Orihuela para entender si es viable el pedido.

Ambos coincidieron en que la sentencia es inamovible porque existen cuatro votos que avalaron la libertad de Fujimori, y en que –a modo de aclaración– los cuatro magistrados deben señalar si concuerdan en algún otro argumento.

No obstante, Orihuela sí considera que se pudo vulnerar el derecho de defensa de la Procuraduría por no pedir su opinión sobre el cierre del Parlamento. García Toma, en tanto, señala que ese es “un razonamiento” de Ramos y es parte de su argumentación.

Sabía que

De acuerdo al artículo 121 del Código Procesal Constitucional, el TC tiene dos días para pronunciarse ante este requerimiento formulado.

Los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez señalaron que la sentencia es “inejecutable” y que debería anularse.

El presidente del TC, Ernesto Blume, declaró que la sentencia es inapelable.

Invocan caso El Frontón

El procurador Marco Palomino invocó como precedente el caso El Frontón, proceso en el que se acusa a exmarinos del asesinato de internos en el penal que llevaba el mismo nombre, para solicitar una nueva votación al Tribunal Constitucional.

En 2017, el TC emitió una resolución de aclaración, a pedido de la Procuraduría Supranacional, que cambió el voto del exmagistrado Juan Vergara Gotelli en una sentencia de 2013, al considerar que había un “error material” en el conteo de votos.

Por mayoría, los magistrados de ese entonces, incluido Vergara Gotelli, indicaron que ese caso no se podía considerar como de lesa humanidad.

Sin embargo, el procurador Luis Huerta advirtió que no se podía ejecutar en ese sentido la sentencia porque Vergara se “contradecía” en su fundamento de voto, en donde aducía que el TC no era competente para hacer esa calificación jurídica, sino el Poder Judicial.

Tras hacer una evaluación, los nuevos miembros del tribunal cambiaron ese fallo, lo que provocó que el caso El Frontón sí se considerara de lesa humanidad.