COOPERACIÓN. Como parte del acuerdo, EE.UU. brindará a nuestro país, además de radares, inteligencia, financiamiento, capacitación y otros.
COOPERACIÓN. Como parte del acuerdo, EE.UU. brindará a nuestro país, además de radares, inteligencia, financiamiento, capacitación y otros.

El veto ha terminado. Estados Unidos reanudará su apoyo en la interdicción aérea en la lucha contra el narcotráfico en el Perú. El premier anunció que ambos países llegaron a un acuerdo para levantar el bloqueo que impuso el país norteamericano por más de 20 años, luego de que en 2001 un avión de la Fuerza Aérea derribara una avioneta que sobrevolaba la selva y en la que viajaba una familia de misioneros estadounidenses, a quienes se confundió con narcotraficantes.

El apoyo norteamericano hará más efectiva la lucha contra el ingreso ilegal de aeronaves con drogas a nuestro espacio aéreo, en las zonas del Vraem y Putumayo. Tras el bloqueo, problemas de equipamiento, presupuesto e inteligencia, limitaron la interdicción aérea.

“Actuaremos sin contemplaciones para interceptar estas avionetas. Están notificados los cárteles y bandas criminales del país que se iniciará una lucha inmensa contra el ingreso de avionetas ilegales que vulneran nuestro cielo”, advirtió Otárola, quien explicó que el acuerdo se hará efectivo casi de inmediato y que este supone la cooperación estadounidense con radares para vigilar las fronteras, aeronaves, equipamiento y capacitación para actividades de interdicción.

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“PERÚ PERDIÓ CON VETO”

El consultor en temas de seguridad y narcotráfico Pedro Yaranga consideró una buena noticia el anuncio hecho por Otárola. Señaló que, por largos años y a causa del bloqueo estadounidense, el país perdió bastante en la lucha contra el narcotráfico.

“El país perdió mucho con este veto. Prácticamente, hay zonas en que se ha declarado cielos abiertos. Ya parecíamos como Bolivia porque no había ningún control. De este país vienen todas las narcoavionetas, a la parte de la selva de Puno; incluso vienen helicópteros desde Colombia, pues aprovechan las veces en que se malogra el único radar de Puerto Maldonado, y que suele mantenerse inoperativo por más de 20 días. Ello ha perjudicado las interdicciones”, indicó.

Otárola también adelantó que se trabajará de manera intensa en la zona de Putumayo, donde vienen operando impunemente decenas de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

“Está bien que se decida priorizar acciones en el Putumayo. Eso de alguna manera facilitaría el trabajo de la policía especializada y de las Fuerzas Armadas. La parte de la droga del Vraem se la están llevando hacia la frontera entre Ucayali y Pasco. En esa zona hay por lo menos más de 100 pistas clandestinas y obviamente Ucayali es el lugar preferido en los últimos tres años para esas pistas ilegales, especialmente la margen derecha que colinda con la frontera con el estado de Acre de Brasil”, explicó el consultor a Perú21.

Sobre este tema, Rubén Vargas, el exminstro del Interior, tiene un análisis distinto. “Erradicar una hectárea en Putumayo cuesta tres veces más que erradicar en el Vraem. Me pregunto: ¿no era Brasil la zona de mayor expansión cocalera?, ¿o por el miedo al conflicto social se están yendo un poquito lejos como al Putumayo?, ¿realmente quieren enfrentar al narcotráfico?, ¿o son gestos simplemente políticos, parte de un teatro para decirnos que sí lo están haciendo al hacer estos anuncios?”, indicó el especialista, quien cuestionó la no letalidad de esta interdicción aérea.

“Me pregunto qué va a pasar, qué va a hacer un piloto de la Fuerza Aérea, un piloto de combate de la FAP cuando intercepte a una narcoavioneta. ¿Cómo va a obligarle a que aterrice? ¿Qué va a hacer frente a una narcoavioneta si no puede utilizar la fuerza? ¿Le va a suplicar que aterrice, que se vaya del espacio aéreo? Creo que acá nos tiene que explicar el gobierno en qué consiste. ¿Cuál es el concepto de interdicción aérea no letal?”, dijo a este diario.

ABRIL FATAL

En abril de 2001, en un confuso episodio, un hidroavión que transportaba a una familia de misioneros estadounidenses fue derribado en la selva peruana, cerca de la ciudad de Iquitos, por una misión de la CIA y la FAP que los confundió con narcotraficantes. El ataque terminó con la vida de Verónica Bowers y de su hijo de siete meses de nacido. El esposo y el otro hijo de esta, además del piloto, terminaron heridos. La nave siniestrada se dirigía a Leticia, Colombia. Errores de comunicación y el desconocimiento del idioma inglés terminaron por el derribo de la nave. Personal de la FAP no entendió las preguntas del personal norteamericano, que cuestionó en inglés la decisión de derribar la avioneta, lo que fue interpretado como una afirmación por los pilotos peruanos, que dispararon y provocaron la tragedia y el subsecuente corte del apoyo de EE.UU. en este ámbito.

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