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Poder Judicial amplió investigación contra José Luna Gálvez por el plazo de 12 meses
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El Poder Judicial amplió la investigación preparatoria contra el congresista José Luna Gálvez por el plazo de 12 meses, en el proceso por las presuntas irregularidades en la inscripción del partido Podemos Perú.
Esta medida, según dijo en la audiencia el representante de la Fiscalía Provincial Especializada contra el Crimen Organizado del Callao, Roger Saldaña, “es idónea porque cautelará que se agoten los actos de investigación necesarios para formular una decisión final por parte del Ministerio Público”.
La defensa de Luna Gálvez, el letrado Eduardo Barriga, indicó estar de acuerdo con la prórroga, pero no con el plazo de la misma. Por ello, sostuvo que el tiempo ideal de prórroga era de tan solo 6 meses, el cual sería suficiente para hacer la pericia digital, la pericia grafotécnica y el levantamiento del secreto bancario.
Sin embargo, finalmente el juez Jorge Chávez, a cargo del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, declaró fundado el requerimiento fiscal para Luna Gálvez, así como también para José Luna Morales, su hijo; Luis Navarrete, Óscar Nieves y Laura Silva. Todos ellos son investigados por el delito de organización criminal.
Como se recuerda, en el proceso en mención se viene investigando aspectos relacionados a la aparente compra de voluntades de los exmiembros del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a través de la referida organización criminal, la misma que se habría canalizado por intermedio de la Universidad Telesup, de propiedad de José Luna Gálvez.
Otros aspectos investigados es la elección del jefe de Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el año 2017, es decir la designación de Adolfo Castillo Meza; el presunto copamiento de la ONPE y las supuestas represalias contra los funcionarios que denunciaban las irregularidades.
El CNM era un organismo autónomo que nombraba altas autoridades, como el jefe de la ONPE. Tras el escándalo que protagonizaron sus magistrados, fue desactivado y, en su lugar, se creó la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
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