Pleno ratifica que toda reforma constitucional pasa por el Congreso

Por 72 votos, el Legislativo aprobó el dictamen de insistencia de la autógrafa de ley que fue observada por el Poder Ejecutivo. Oficialismo lanzó amenazas veladas incitando a la población a salir a las calles.

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

22/01/2022 - 07:00

Con el respaldo de 72 congresistas de seis de las diez bancadas representadas en el Parlamento, el Pleno del Congreso aprobó, por mayoría, el dictamen de insistencia que protege los alcances de la Constitución de 1993 en materia de referéndum, y ratifica que toda reforma a la Constitución de 1993, sea ésta parcial o total, debe pasar previamente por la aprobación del Poder Legislativo.

En contra se registraron 44 votos del bloque oficialista de Perú Libre y sus aliados de Juntos por el Perú, Perú Democrático –conformado mayoritariamente por exintegrantes del partido gobiernista–, Somos Perú y los no agrupados del Partido Morado.

NO ES CAPRICHO

El debate se prolongó varias horas sin que se lograra una conciliación de criterios. La presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, sustentó el dictamen dejando en claro que el mismo no modifica el texto constitucional ni vulnera el derecho ciudadano a referéndum; solo precisa que las reformas a la Constitución proceden única y exclusivamente conforme a lo ya establecido en el artículo 206º de la Carta del 93. “Por lo tanto, cualquier idea o propuesta distinta que se plantee por desconocimiento o creencia ideológica con fines de promesa electoral es inviable e inconstitucional”, subrayó.

Gladys Echaíz, presidenta de la Comisión de Justicia, afirmó que la norma en cuestión no responde a un “capricho”, y agregó que, aunque, en su opinión, su dación no era necesaria debido a que la Constitución es clara sobre el procedimiento que sigue una reforma constitucional, hay “interpretaciones” que se han dado “para confundir a la población”, por lo que se requiere hacer “precisiones”.

Específicamente se refirió a la propuesta de convocatoria a una Asamblea Constituyente a través de referéndum, que plantea el oficialismo. “Una Asamblea Constituyente busca un cambio total de todo; es crear un nuevo pacto social. ¿Cómo podría hacerse una reforma o convocarse a una Constituyente para que haya una nueva Constitución si el artículo 32º ya establece limitaciones? No ha habido una lectura correcta de la norma constitucional”, acotó.

Adriana Tudela, de Avanza País, en tanto, reafirmó que ya la Constitución consagra que toda reforma constitucional debe ser aprobada primero por el Parlamento, y cuestionó que el oficialismo “engañe” a la población señalando que sí es posible hacer un referéndum para una Asamblea Constituyente sin pasar por el tamiz legislativo. “El oficialismo es perfectamente consciente de esto y sabe que por la vía democrática no lograría consensos para implementar su proyecto; por eso quiere bypasear verdaderos mecanismos democráticos...”, comentó.

AMENAZA OFICIALISTA

Desde predios oficialistas, legisladores como Guillermo Bermejo, Jaime Quito, Waldemar Cerrón y Silvana Robles repitieron el estribillo de que el dictamen de insistencia le quitaría a la ciudadanía su derecho al referéndum. Varios de ellos, incluso, hicieron referencias a posibles protestas populares en rechazo a la norma, pero fue Robles quien, a modo de amenaza, aludió a las protestas ciudadanas que desató el fugaz gobierno de Manuel Merino en noviembre de 2020.

“No deben jugar con fuego, recuerden que en 2020 (la población) se trajo abajo al golpismo; golpistas, aprendan de las lecciones que dio la historia”, dijo. Juárez rechazó esta “incitación a la violencia” y lamentó que sea compartida por el propio presidente Pedro Castillo.

TENGA EN CUENTA:

Aprobado el dictamen de insistencia, corresponde a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, promulgar le ley. Las bancadas que avalaron la disposición son Fuerza Popular, Avanza País, Podemos, Renovación Popular, APP y Acción Popular.A través de un comunicado, la bancada de Perú Libre pidió al Ejecutivo recurrir al Tribunal Constitucional para que declare la inconstitucionalidad de la norma.

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