PJ anula proceso iniciado por Comisión de Justicia del Congreso contra la JNJ

Actualizado el 02/02/2024, 10:36 a.m.

La Tercera Sala Constitucional de Lima anuló la investigación que inició la Comisión de Justicia del Congreso contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

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En la resolución emitida el 11 de diciembre de 2023, a la que accedió Perú21, se indica que los legisladores no tipificaron las faltas graves que habrían cometido los siete miembros de la JNJ para pretender destiturilos.

En esa línea, el tribunal alertó que los parlamentarios no cumplieron con el debido proceso para permitir a la defensa de los agraviados.

“Las imputaciones o cargos que le formularon a los miembros de la Junta Nacional de Justicia con la finalidad de ser removidos en sus cargos, no obedecieron a conductas u omisiones que se encontraban tipificadas como “causa grave”, sino más bien a la amplia discrecionalidad de los Congresistas de la República, es evidente que existió una afectación-léase amenaza, directa a esta esa garantía de la inamovilidad, y con ello, a la independencia”, se lee en el documento.

Además, los jueces agregaron que si bien el Legislativo tiene la facultad de iniciar procesos para destituciones, la conducta de los legisladores en este caso no fue acorde al buen proceder.

“Lo que no puede ser permitido es que el Congreso de la República inicie y continúe con investigaciones destinadas a la remoción de aquellos con actos u omisiones que no se encuentran tipificadas como “causa grave”, afectándose principios y derechos constitucionales”, concluyeron.

La Comisión de Justicia señalaba que entre las faltas cometidas por la JNJ es que haya emitido un comunicado en favor de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos cuando era procesada por el Parlamento; la supuesta presión al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que se pronuncie sobre el mismo tema; y que se mantenga a Inés Tello pese a haber superado el límite de edad de 75 años.

Asimismo, alegó que otra falta sería no haber presentado el informe anual ante el Legislativo, como manda la Constitución; y la filtración de información a un medio de comunicación del proceso administrativo que se seguía contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.