A poco más de siete meses de que Dina Boluarte asumiera la Presidencia de la República, el congresista por Perú Libre Jaime Quito presentó una denuncia constitucional contra la mandataria y el primer ministro Alberto Otárola por la presunta comisión de los delitos de usurpación de la función pública y aceptación ilegal del cargo.
Asimismo por las presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas ciudadanas que se llevaron a cabo tras el fallido golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el 7 de diciembre del año pasado.
La denuncia plantea también la inhabilitación para el ejercicio de la función pública de ambas autoridades por un periodo de 10 años.
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MANOTAZO DE AHOGADO
El constitucionalista Lucas Ghersi calificó como un “disparate” el planteamiento de Quito tras recordar que Boluarte asumió el cargo por sucesión constitucional.
“Ella fue elegida en la misma plancha de Pedro Castillo, quien fue vacado por incapacidad moral siguiendo el procedimiento establecido y está preso por golpista. Aplicando las normas de sucesión constitucional le corresponde ejercer la presidencia, aquí no hay por ningún lado una usurpación de funciones ni de cargo. La denuncia constitucional no tiene ninguna base en la realidad, es un manotazo de ahogado”, dijo a Perú21.
El Poder Judicial, a través de diversas sentencias, ha ratificado que la declaratoria de vacancia del cargo de Pedro Castillo “estuvo bien dada”, apuntó Ghersi.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debe tramitar la denuncia presentada por el congresista Quito en la siguiente legislatura, que se inicia el 27 de julio próximo.