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Pedro Chávarry interpuso recurso de nulidad contra proceso por remover a los fiscales Vela y Pérez

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Fecha Actualización
El fiscal supremo Pedro Chávarry interpuso recurso de nulidad contra la decisión de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema que reabrió el proceso por la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato.
Julio Rodríguez, abogado de Chávarry, consideró que el fallo del tribunal que preside la jueza suprema Elvia Barrios “es político”.
“Nosotros vamos a interponer todos los recursos que la ley nos permita; esa resolución es política, no técnica”, señaló a Perú21.
El 31 de diciembre de 2018, Chávarry separó a Vela y Pérez del equipo especial, y un día después los repuso en sus cargos ante las manifestaciones que provocaron su decisión. Sin embargo, con su salida pasajera se suspendió la firma del acuerdo de colaboración con Odebrecht y el interrogatorio a exdirectivos brasileños.
En primera instancia, el juez supremo Hugo Núñez concluyó que el delito de encubrimiento real que se imputa a Chávarry refiere al ocultamiento de documentos, no a la separación de fiscales.
No obstante, la sala revocó ese fallo al advertir que con la remoción de Vela y Pérez sí se buscaba obstruir la investigación al partido Fuerza Popular por los aportes ilícitos que habría recibido de la empresa Odebrecht.
“El tipo penal no establece “el que desaparece las huellas o pruebas del delito”, sino más bien prevé la conducta consistente en “dificultar” la acción de la justicia “procurando” la desaparición de las huellas o pruebas del delito”, señalaron los jueces en su veredicto.
Al respecto, Rodríguez argumentó que con esa lógica “se ha ido contra la jurisprudencia y doctrina construida en los últimos años”.
“El delito tiene dos presupuestos y punto (desaparición u ocultamiento de pruebas), no hay más (...) se entiende por eso que esta decisión es política”, insistió.
Debido a que este caso se rige por el antiguo Código Penal, si la Sala Penal Especial rechaza el recurso, la resolución debe ser evaluada por un tribunal integrado por cinco jueces.
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