Con el lapidario testimonio de Jorge Barata, exmandamás de Odebrecht, bajo el brazo, la Fiscalía formalizó ayer investigación preparatoria contra Luis Nava, Miguel Atala, sus hijos y otros exfuncionarios del segundo gobierno aprista (2006-2011), quienes habrían participado de una red de lavado de activos derivados de la corrupción que la empresa brasileña operó en el Perú.
Tras la formalización, el fiscal José Domingo Pérez ingresó al Poder Judicial una solicitud para que se dicte 36 meses de prisión preventiva contra ocho personas en total, imputadas de pertenecer a una presunta organización criminal que habría encabezado, según la hipótesis fiscal, el fallecido expresidente Alan García Pérez.
Con celeridad, el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, integrante de la Corte Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, programó para hoy al mediodía la audiencia en la que evaluará la medida restrictiva solicitada por el Ministerio Público.
El último 16 de abril, Sánchez Balbuena aprobó el pedido de detención preliminar para estos ocho investigados por un plazo de diez días, el cual venció la medianoche del pasado viernes.
FACTOR BARATA
El interrogatorio que respondió Barata a fiscales peruanos en Curitiba (Brasil) fue clave para que la pesquisa avance a la siguiente fase.
Según conoció Perú21, el exdirectivo de Odebrecht confirmó a la Fiscalía que la constructora pagó más de US$4 millones a Luis Nava, exsecretario de Palacio de Gobierno, a cambio de las modificaciones legales realizadas por la gestión aprista para garantizar a la empresa brasileña tanto la continuidad de las obras de la Interoceánica Sur como la adjudicación de la Línea 1 del Metro de Lima.
El Ministerio Público identificó al menos seis decretos de urgencia y tres decretos supremos emitidos en la gestión de García, que sirvieron para ese propósito. También se incluye la firma de adendas que significaron cuantiosos sobrecostos en los proyectos, en perjuicio del Estado.
Barata también confirmó que el dinero entregado a Nava provenía del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, también conocida como la caja de sobornos de la constructora.
El exejecutivo ratificó que la empresa le asignó a Nava el nombre-código de ‘Chalán’, mientras que su hijo José Antonio Nava Mendiola, quien se encuentra desde el pasado 10 de abril en los Estados Unidos, fue identificado bajo el apelativo de ‘Bandido’.
Para la Fiscalía, José Antonio Nava también juega un papel clave en el esquema porque, bajo el nombre-código que le asignaron, recibió depósitos por más de US$471 mil de parte de Odebrecht.
Otro personaje que habría participado en la recepción de dinero ilícito por parte de Odebrecht es el exvicepresidente de Petroperú Miguel Atala y su hijo Samir Atala, ambos incluidos en el pedido de prisión preventiva.
Barata ratificó que se pagó más de US$1.3 millones a Atala vía transferencias a la cuenta que la sociedad offshore Ammarin Investment Inc (de propiedad del peruano), abrió en la Banca Privada de Andorra.
El exdirectivo brasileño aseguró, además, que el destinatario final de ese dinero era Luis Nava.
CORNEJO EN LA MIRA
El Ministerio Público también identificó otro círculo de exfuncionarios cuyo desempeño habría estado directamente relacionado a los cambios legales que beneficiaron a Odebrecht, debido a los cargos estratégicos que ocupaban.
Entre ellos figura el exministro de Transportes Enrique Cornejo, quien se entregó a la justicia tras conocerse la orden de detención preliminar, y Raúl Torres, ex director ejecutivo de Provías.
TENGA EN CUENTA
- Entre 2007 y 2015, Transportes Don Reyna, que fundó Luis Nava y que ahora maneja su hijo José Antonio, brindó servicios a Odebrecht por más de US$17 millones.
- Durante el interrogatorio en Curitiba, Jorge Barata afirmó que Nava y Atala eran conocidos como los ‘Maiman’ de Alan García, en referencia a Josef Maiman.
- Alan García decidió suicidarse cuando la Policía llegó a su casa para arrestarlo.