Piden a Contraloría investigar la existencia del “gabinete en las sombras”

La congresista Norma Yarrow solicitó el inicio de una acción de control para verificar el accionar de estos funcionarios públicos.

Foto: Jesœs Saucedo / @photo.gec

Redacción PERÚ21

Fecha Actualización

08/02/2022 - 19:28

La congresista de Avanza País, Norma Yarrow, envió un oficio al titular de la Contraloría de la República, Nelson Shack, para que inicie, según sus facultades, una acción de control a fin de que se pueda verificar el accionar de algunos funcionares en el marco de “la preocupante información revelada recientemente por ex ministros de estado y ex funcionarios públicos sobre el desempeño del entorno de asesores del Presidente Pedro Castillo, los cuales vendrían actuando excediendo sus atribuciones e incluso podrían haber incurrido en el delito de usurpación de funciones”.

Según menciona Yarrow en el documento, lo dicho se fundamenta en las siguientes declaraciones públicas realizadas por Carlos Jaico, ex Secretario General del Despacho Presidencial, quien señaló que advirtió tempranamente “la nociva influencia” en las decisiones del Presidente”.

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A esto se suma las declaraciones de Avelino Guillén, ex Ministro del Interior, quien señaló que hay “una guerra permanente” de asesores “de diversas tendencias y sectores” a modo de “una guerra sindical en Palacio” y de Mirtha Vásquez, ex Presidenta del Consejo de Ministros, quien señaló que estos asesores “eran personas que no han dado mucha apertura para que el presidente tenga vinculación con nosotros. A veces sentía que las decisiones que se tomaban se reevaluaban con ellos”.

Así, solicitó “una acción de control a fin de que se pueda verificar el accionar de estos funcionarios públicos pues evidentemente existe un gran desorden administrativo dentro del despacho presidencial que pone en riesgo la institucionalidad del país y que se agrava pues aparentemente estas personas asumirían funciones propias del gabinete ministerial e incluso llegarían al extremo de presionar a los ministros de estado para designar a funcionarios públicos como el caso del ex Presidente de Perupetro, Daniel Salaverry , con lo cual queda claro que estarían actuando más allá de sus funciones y podrían configurarse ilícitos penales”.

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