Natale Amprimo: “Estamos llevando la lucha política al terreno judicial”

La política está llegando al Poder Judicial, según el constitucionalista Natale Amprimo. Considera que aplicar sin sustento la Ley de Crimen Organizado a dos partidos políticos es una arbitrariedad. Anota que hay una dilación en la extradición de Alejandro Toledo y señala que la Constitución le otorga al presidente la facultad de indultar de manera amplia.

El país está judicializado. La vida política y económica pasa por el Poder Judicial y la Fiscalía. Tenemos la no extradición de Toledo, la prisión de Ollanta Humala y señora. El presidente es testigo en el caso Lava Jato. Alan García y Keiko Fujimori son investigados bajo la Ley de Crimen Organizado. Está el caso de la ex alcaldesa de Lima, también el indulto a Alberto Fujimori, la reapertura del juicio de El Frontón. ¿El Poder Judicial se volvió la casa del jabonero?
En las investigaciones bajo la Ley del Crimen Organizado, se observa que muchos consideran que los políticos no tienen derechos ciudadanos y que se les puede acusar por cualquier razón, así sea algo muy imaginativo. Estamos llevando la lucha política al terreno judicial y se utiliza al Poder Judicial para la confrontación. En buena cuenta se busca no dejar títere con cabeza, con el solo afán de participar en una suerte de Fórmula 1 para ver quién hace más denuncias, quién imputa más delitos y quién pone la mayor sal y pimienta a sus acusaciones.

En el caso de las investigaciones en el marco legal del crimen organizado, se menciona para el caso de Alan García que se trata de una organización tipo la Camorra, la mafia…
La Fiscalía trabaja bajo ciertas hipótesis. Pero no se pueden sustentar solamente en la imaginación del fiscal. Las hipótesis de trabajo deben basarse en ciertos indicios que dan lugar a algunas líneas que orientan la investigación. No se puede proceder legalmente y afirmar: yo creo que hay una suerte de pacto de silencio donde nadie va a echar a nadie, ni hablar de nadie. Entonces, esto me da tiempo para abrir mi imaginación y hacer un parque de diversiones. La acusación contra Alan García –según lo publicado– señala que no hay indicios respecto al supuesto delito porque existe una suerte de pacto de silencio, como en la época de Al Capone y otros mafiosos. Pero las hipótesis de trabajo no se pueden sostener sobre esa fantasía. Deben sustentarse en indicios que se hayan encontrado. No es serio presumir que habría un pacto de encubrimiento y con base en ello pensar que se tiene toda la libertad para considerar cualquier barbaridad.

Oiga, pero el Perú está judicializado, desde el caso Chinchero, el ex contralor, los políticos…
Totalmente. Se repite la frase “a mis amigos todo, a mis enemigos la ley”.

¿Esto es peligroso para una república democrática?
Muy peligroso, porque resta autoridad al actuar de las instituciones encargadas de administrar justicia. Debilita a los pilares de nuestra institucionalidad, que son bastante frágiles. Requerimos seriedad para llevar adelante las investigaciones sobre la base de indicios razonables y no sobre mi sola imaginación y mis ganas de salir en un medio. Nos estamos quedando sin líderes políticos con esta judicialización. También es inaceptable que se den órdenes de prisión de 18 meses para investigar. No hay denuncia y para investigarte te privan de la libertad.

En teoría, esta Ley del Crimen Organizado se debería aplicar a Humala, Toledo, incluido PPK, Susana Villarán…
Hay una posición ideológica detrás de las denuncias, sobre todo las que vienen de algunas ONG. Además, se utiliza con irresponsabilidad –y con el afán de generar un titular– figuras penales que son exageradas. Hay tres investigados. Pero alguien dice: es una banda y se usa la figura de crimen organizado. Se requiere más responsabilidad en calificar los delitos.

¿No se aplican a otros por orientación ideológica?
Sí, y por la presión de grupos sobre ciertos sectores. Se comienza a decir que el fiscal y el juez están coludidos. Pero, ojo, no se trata de generalizar una arbitrariedad. Si se aplica sin sustento la Ley de Crimen Organizado para algunos, no hay que repetir el error para todos. Más bien, hay que corregir esto, detenerse un minuto y reflexionar. ¿Qué estamos pretendiendo? Otro punto es que investigaciones que están bajo el marco de la reserva a las pocas horas ya están publicadas. Esa no es una investigación que no es seria ni correcta, tampoco respeta las garantías del ciudadano. Parece que este no importa o que ciertos políticos no son ciudadanos o no tienen derechos. Eso es inaceptable.

Alan García acota que el fiscal José Castellanos, que lo investiga hoy por crimen organizado, falló en 2016 que no procedía investigar a García por lavado de activos.
Podría darse el caso de que se reabra la investigación, pero tendría que sustentarse en alguna prueba indiciaria, no en conjeturas. Además, no puede haber investigaciones eternas. Cuando no hay un indicio razonable, se inventa alegremente una nueva hipótesis de denuncia solo para ampliar el plazo y nunca terminar. En un Estado de derecho, esto no puede ocurrir.

¿Los partidos políticos están siendo tomados como miembros de la organización criminal?
Sí pues. Y esto en un país donde tenemos instituciones débiles. Además, no hay pruebas de que estemos ante partidos que respondan a un fin mafioso. Se hacen acusaciones atrevidamente de modo irresponsable. Con cuatro hechos ciertos se puede hacer una novela, pero no se arma una investigación fiscal. No puedo decir: Juana está casada con Pedro, este era vecino de Felipe y este fue socio de tal ministro. El socio ganó tal concurso y concluir que Juana es parte de la mafia. Cuidado, no se puede llegar a ese nivel de simpleza y vulnerar los derechos de las personas tan atropelladamente.

A Keiko Fujimori le archivaron el caso de lavado de activos y ahora también la investigan por organización criminal…
Es lo mismo. Debe existir un nuevo indicio…

Por los cocteles que realizó en la campaña electoral, se afirma que el desbalance sería de 68 mil dólares y son 71 congresistas citados a declarar…
¿Se puede hablar de crimen organizado por 68 mil dólares? Por favor, es poco serio, ni Condorito. Tengamos un poquito más de criterio. La Ley de Crimen Organizado está hecha para investigar a mafias organizadas del narcotráfico, por ejemplo. Se trata de una banda, como la Camorra italiana, el cártel de Medellín, de Cali. Acá se juntan dos denuncias sobre la base de una hipótesis para meterle al investigado un delito más, hacer más fuerte la denuncia y que salga de forma ruidosa en los medios y aparecer la autoridad judicial como una persona más justiciera. Es muy abusivo, hay que tener más prudencia.

¿Lo que se quiere es tener a los investigados más tiempo en la picota?
Por supuesto, pero eso no puede ocurrir. A uno lo investigan y se le recortan ciertos derechos sobre la base de indicios razonables, no alargando el tiempo para ver qué se encuentra. Una investigación fiscal no es una red de pesca que echo al mar para ver qué recojo. Se hace sobre indicios que ya se tienen. En ambos casos, los fiscales deben decir cuál es la nueva prueba, no usar hipótesis.

En el caso de Nadine Heredia sí hubo una nueva prueba, transferencias, cuentas, tarjeta de crédito.
Sí, hubo nuevas pruebas e indicios que justificaron la reapertura de la investigación.

El Poder Judicial y la Fiscalía sostienen que no hay nada irregular.
Vea el caso Toledo. La extradición ante EE.UU. es compleja y se debe ser extremadamente cuidadoso. Pero hay marchas y contramarchas, dimes y diretes entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Asimismo, las opiniones de actores políticos –tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial– lo único que hacen es ayudar a Toledo y a su defensa en EE.UU. El proceso es lentísimo. Pero la defensa previa de Toledo logró que la Fiscalía demore cuatro años en formular denuncia. ¿Alguien pude pensar que es verosímil que una señora de 90 años (la suegra de Toledo) reciba un préstamo millonario? ¿Dónde estamos?

El ciudadano promedio percibe que el caso Toledo se decide arriba y tiene que ver con política, no tanto con justicia.
La investigación y la formalización han demorado más allá del plazo razonable. Desde el inicio había elementos muy claros para formular denuncia y tener una medida restrictiva. Pero Toledo ha entrado y salido del país porque sabía que no pasaba nada pese a la gravedad de los indicios y las pruebas encontradas. Cambió de versión varias veces. La lentitud ha sido espantosa. Y cuando sale fuera del país, se formalizan los pedidos de detención con fines de extradición por el caso Odebrecht, más reciente, y con el caso Ecoteva vivimos en medio de una serie de dimes y diretes. Inclusive, la ex ministra de Justicia hizo declaraciones políticas, que en nada ayudan al proceso de extradición, que es muy complejo.

Todo es oscuro, ¿no?
La demora con los indicios potentes que existen no es algo razonable. Los adjetivos hacia Toledo de los actores políticos solo están favoreciéndolo. Los únicos que deben hablar son las autoridades judiciales y sus resoluciones.

El juez Abel Concha detuvo el trámite de extradición por el caso Ecoteva porque la Fiscalía no supo determinar la ruta del dinero ilegal. Afirmó que no puede presentar así las cosas en EE.UU.
Estas discusiones públicas entre la Fiscalía y el PJ no ayudan a la justicia ni a llevar un proceso con todas las garantías. Es verdad que han surgido nuevas pruebas, pero es normal que se hagan ajustes en las hipótesis de investigación inicial. En el caso Toledo, los indicios son muy potentes y se tiene una serie de exquisiteces. Pareciera que se quiere trufar el expediente.

Y los ciudadanos estamos en un partido de ping-pong mirando de un lado al otro…
Se lo diré en criollo: todos sacan el poto a la jeringa. En EE.UU. deben estar muriéndose de risa con estas discusiones entre el juez y el fiscal.

Los casos Ecoteva y Odebrecht
son las dos caras de la misma moneda. ¿EE.UU. dilata la extradición, como se ha manifestado? ¿Devolvió el expediente sobre Odebrecht?
Lo devolvieron porque estaba incompleto y había problema de traducción. La demora no es de EE.UU.

¿Lo devolvieron?
No sabemos el detalle, ni si ya se reenvió a EE.UU o no. Veo que un fiscal dice que el expediente de extradición por Odebrecht está en el Perú. De cualquier forma, hay dilación y retraso.

¿Deberían informarnos?
Por supuesto, se trata de un ex presidente. Informarnos de manera técnica para que pese más el interés político. Esa es la defensa de Toledo. El Perú contrató bastante tarde a un estudio reputado en EE.UU. El procedimiento allá es sofisticado y una parte corresponde a una decisión política.

¿Por qué?
Porque interviene el Departamento de Estado, no es un tema jurisdiccional. Por eso, los actores políticos, sobre todo el Ejecutivo y el PJ, deben tener cuidado. Toledo no ha escogido a su abogado, Roger Noriega, no solo porque es su amigo, sino porque tuvo un cargo muy alto en el Departamento de Estado durante el gobierno de Bush.

Para el presidente del PJ, es necesaria la acumulación de casos para que en EE.UU. no se desconcierten, son dos casos concurrentes…
Si te extraditan por un delito y te traen después, se puede incluir otro caso. Acumular los casos dilatará. No hay inconveniente en que vayan por cuerdas separadas.

¿Brindó servicios profesionales a Odebrecht?
En 2015 se contrató a mi estudio para un tema constitucional. No hemos participado en ningún tipo de arbitraje, adenda o proceso concursal.

Sobre el indulto de Fujimori, el vocal César San Martín afirmó que el indulto no es una institución política y que hay un marco jurídico que debe respetarse. Si no, sería ilegítimo.
No tiene razón. A Fujimori no se le acusó ni extraditó por delitos de lesa humanidad. Ilegítimo es cuando alguien se atribuye una potestad que no tiene. Y, según la Constitución, el presidente tiene esa facultad, y es muy amplia, libérrima. Nuevamente no podemos ver las cosas de acuerdo a la idea política de cada uno. La figura corresponde a la época de los reyes, pero existe. Si el presidente concede el indulto, ejerce su facultad, hay que respetar la decisión –estemos o no de acuerdo– y dar por cerrado el asunto. No se puede seguir manoseando el tema y ‘fujimorizando’ la agenda del Perú.

¿Por qué se da el indulto?
Por buena conducta, por razones humanitarias de salud. Si el fin último, según la Constitución, es la persona humana, no puede dejarse a nadie morir en la cárcel.

¿Si el presidente aplica el indulto por salud, tiene que presentar hasta el último examen de sangre o es discrecional?
Todo indulto tiene un criterio discrecional…

Puede empezar un debate médico que sería de nunca acabar…
Hay gente que quiere seguir sacándole sabor a un chicle que ya no lo tiene. O exprimir un limón que ya no tiene jugo. El indulto, como la reducción de la pena, es discrecional del presidente. No tiene una fórmula matemática.

¿Indultar a Fujimori puede ser costoso políticamente para el gobierno?
Hay un grupo de gente que levantará su bandera en contra. Pero la mayoría de peruanos quiere una auténtica reconciliación y voltear la página.

¿Qué les diría a los familiares de las víctimas de violaciones de DD.HH.?
Que el Poder Judicial condenó a Fujimori por esos hechos. Los responsables terminaron presos. Pero eso no restringe la facultad del indulto, este se basa en el perdón que se otorga a un delincuente. No se les da a los inocentes. La figura existe. El indulto a un asaltante de bancos no se da sobre la base de lo que piensa el banco. El indulto no es un olvido, es una gracia, un perdón, por determinadas razones.

Se piensa que, de indultarse, a Fujimori este hará política.
Mucha gente hace política con este tema. Su edad y estado físico complican esto.

¿Pero puede o no?
El indulto es el perdón, no tiene restricción.

El presidente dijo que no recibiría a la comisión Lava Jato porque las comisiones son un circo. ¿Error o acierto?
Error. Decirlo a pocos días de que el gabinete reciba el voto de confianza es inoportuno. La Constitución blinda al presidente, vacándolo por muy pocas razones. No está obligado a asistir a la comisión, no hay apremios para llevarlo de grado o fuerza. Siendo así, este debería reunirse con la comisión. Si hay un comportamiento ofensivo, dará por concluida su participación. Pero PPK ha sido ministro de Estado en los temas que son materia de investigación y presidió la comisión de Proinversión. Por ello, tiene obligación política, y por ser presidente, dejando constancia de que no puede ser denunciado.

¿Dijo que contestará por escrito?
¿Cómo sabemos si las contesta él? Tampoco hay posibilidad de la repregunta.

- Natale Amprimo es abogado constitucionalista de la Universidad de Lima. Enseña en la Facultad de Derecho de esa universidad desde 1991. Ha realizado distintas publicaciones en el campo del Derecho.

- Fue cuarto vicepresidente para el periodo legislativo 2002-2003 y primer vicepresidente para el periodo 2004-2005. Presidió la Comisión de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción.

- Fue personero legal del partido Somos Perú. Fue candidato a la Presidencia de la República por Alianza para el Progreso.

- Encabezó el grupo de trabajo sobre los Organismos Electorales.