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Aníbal Torres usa traslado de Alberto Fujimori para sacar a jefa del INPE
En una misma semana y en medio de la severa crisis, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, —con respaldo del presidente Pedro Castillo— dio de baja a dos altos funcionarios que fueron contrarios a los intereses del Gobierno. Primero fue el procurador general del Estado (cuya salida es considerada ilegal), y la última víctima ha sido Susana Silva Hasembank, hasta ayer presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
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En una misma semana y en medio de la severa crisis, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, —con respaldo del presidente Pedro Castillo— dio de baja a dos altos funcionarios que fueron contrarios a los intereses del Gobierno. Primero fue el procurador general del Estado (cuya salida es considerada ilegal), y la última víctima ha sido Susana Silva Hasembank, hasta ayer presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
En la resolución suprema que da cuenta de su salida no se dieron mayores razones, solo que “resulta necesaria” su remoción. La justificación del titular del Minjus vino después, cuando hizo referencia al traslado del exmandatario Alberto Fujimori al penal de la Diroes de Ate, “contrario a lo dispuesto”.
“(Silva) Ha hecho volver a Fujimori a su cárcel dorada. Este es un acto de corrupción y de discriminación entre sentenciados”, dijo Torres en Twitter a modo de excusa y no perdió la oportunidad para despotricar contra la prensa.
El ministro negó, a su vez, que su decisión haya tenido que ver con la eventual excarcelación del etnocacerista Antauro Humala, sentenciado por el Andahuaylazo a 19 de prisión, una información que circula con fuerza desde hace unos días y que fue el mismo Pedro Castillo quien puso en agenda desde su campaña.
“En todos los idiomas les he dicho que eso no es posible, pero sin embargo ahora todos los medios dicen ‘está destituyendo a la jefa del INPE para indultar a Antauro’, lo que es absolutamente falso. Eso evidencia que tenemos esa prensa que solamente mal informa”, dijo Torres más temprano en un coloquio virtual.
Allí también incidió en que la salida de Silva (en el cargo desde setiembre del 2020) se dio pues se había “acordado” trasladar a Fujimori a “una cárcel común”. “Sin mi conocimiento lo ha llevado nuevamente a su cárcel dorada”, dijo.
Lo que Aníbal no cuenta
Pero la verdad sería otra. Fuentes de Perú21 mostraron su extrañeza por el argumento esbozado por Torres, pues el traslado de Fujimori ocurrió el 26 de noviembre del año pasado; es decir, hace más de dos meses.
Además, detallaron que el ahora crítico ministro había felicitado hace unos días a Silva en un encuentro en donde también participó Héctor Valer en su calidad de congresista y evidenciando que, desde ese entonces, ya rondaba por el Gobierno.
Las fuentes ratifican que lo que gatilló la salida de Silva sería sus negativas a presiones para beneficiar a Humala, pero no con la figura del indulto presidencial sino con la redención de la pena, algo que está dentro de las facultades del INPE.
De hecho, desde el Ejecutivo hay algunas movidas desde hace varios meses para evaluar la excarcelación de Humala. Fuentes del Minjus confirmaron a este diario que Virgilio Acuña, personaje cercado al etnocacerista y quien pagó S/50,000 de su reparación civil, tuvo conversaciones sobre el tema con Torres en su despacho. Al menos un encuentro entre Acuña y el ministro quedó registrado el pasado 18 de noviembre.
Poco más de una semana después, la defensa de Antauro Humala presentó un escrito al director del penal Ancón II pidiendo “la libertad por cumplimiento de la pena por redención del trabajo y estudio”, iniciando el proceso para estudiar el tema.
Carlos Repetto, dirigente del movimiento Etnocacerista, confirmó ayer a Perú21 que tenían la información que hace aproximadamente dos semanas Castillo habría pedido un informe sobre la situación de Antauro Humala.
“Él solicitó que le hagan el informe del estado del prisionero Antauro Humala al INPE y al ministro de Justicia, eso es lo que entendemos nosotros y por eso es que se ha movido todo eso. O sea, la intención de Castillo seguramente es de liberarlo, pero no tiene el respaldo de su ministro”, señaló.
Cuestionan decisión
El exministro José Luis Pérez Guadalupe calificó la salida de Silva como “otra decisión sin sentido del Gobierno”, “un despropósito total”. “Lo que queda acá es claramente una profesional que no se ha dejado dominar por el poder político. Que se va por lo más alto, muy dignamente”, agregó.
Sobre la excarcelación de Humala, remarcó que si bien, a su juicio, sí cuenta con los días ganados, ese no es el único requisito para que se confirme la redención de la pena y pueda salir en libertad antes de enero del 2024, cuando se cumple su sentencia.
Agregó que, según el Código de Ejecución Penal, hay otros dos factores que también se deben tener en cuenta. Un informe psicológico favorable y haber pagado el íntegro de la reparación civil, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
En el informe psicológico, agregó, se tiene que tomar en cuenta el comportamiento y las sanciones que ha tenido Antauro Humala, algo que no lo favorece en lo absoluto.
Hizo incidencia en que el encargado de hacer esa evaluación no es el jefe del INPE sino el director del penal y del órgano técnico penitenciario respectivo. “Más allá de la decisión política, hay candados que respetar”, remarcó.
TENGA EN CUENTA:
“Si él está reconociendo públicamente que había ordenado que cambiaran a Fujimori de lugar, está incurriendo en responsabilidad administrativa y penal por tráfico de influencias y abuso de autoridad”, explicó a Perú21 la exministra Marisol Pérez Tello.
Precisó que, más allá de quién sea el reo, se tiene que respetar el Código de Ejecución Penal.
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