No hay consenso. Para el secretario de la Comisión de Constitución, Jorge Marticorena, es “imposible” que se pueda convocar hoy o mañana a una sesión extraordinaria para debatir el dictamen de la ley contra la postulación de asesinos, corruptos, terroristas y otros delitos graves, que el Pleno decidió el jueves último que retorne a su grupo de trabajo.
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“Dada la situación de ayer (jueves) que se generó por este tema. Lo veo imposible que se pueda convocar hoy o mañana (a una sesión extraordinaria), porque no es un tema tan sencillo. Va a generar más debate. Por la situación que se vio ayer, esto va a ser así”, señaló Marticorena.
Según el secretario de la Comisión de Justicia, el delito de corrupción también debió ser incorporado en el referido proyecto de ley, pero fue excluido en el texto sustitutorio presentado por la presidenta de la comisión, Martha Moyano.
“Yo tengo una posición bien clara....Si voy a castigar a quienes han mucho daño en el pasado al país, los sentenciados por corrupción tampoco deberían postular...”, dijo el legislador de Perú Bicentenario.
Esta mañana, el congresista de Avanza País, José Williams, dijo a Perú21 que la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, puede convocar hoy o mañana a una sesión extraordinaria, tras declararse en emergencia, para revisar el dictamen que prohíbe que los sentenciados por terrorismo, narcotráfico, rebelión, sedición y motín no puedan postular a cargos de elección popular, y que fue devuelto ayer por el Pleno a su grupo de trabajo.
La noche de este jueves, el vocero de la bancada Honor y Democracia, Jorge Montoya, señaló a este medio, coincidiendo con lo señalado por Williams, que la titular de Constitución debería convocar a una sesión extraordinaria para hoy o mañana.
Marticorena aseguró que “hay tiempo” ´para que el proyecto de ley pueda ser aprobado antes de abril del próximo año, y pueda aplicarse la normativa en las próximas elecciones.
Para que eso ocurra, el nuevo texto sustitutorio tendría que aprobarse en dos legislaturas, cada una con 87 votos.
La primera votación tendría que recibir la luz verde del Pleno en la siguiente legislatura que empieza en agosto; y la segunda votación debería ser en marzo, para que en abril pueda entrar en vigencia. Esto, porque en abril de 2025 empieza a regir el calendario electoral, que se inicia un año antes de los comicios de abril de 2026.
DEVUELTO A CONSTITUCIÓN
Este viernes, se recuerda, el Pleno del Congreso decidió con 90 votos que el texto sustitutorio del proyecto de ley que prohíbe a sentenciados por rebelión, sedición, motín, terrorismo y narcotráfico puedan postular a cargos de elección popular retorne a la Comisión de Constitución, para que sea debatido nuevamente.
La sesión comenzó con el sorpresivo anuncio de Moyano, en el Pleno, de excluir los delitos de homicidio, secuestro y corrupción del texto sustitutorio, y anunció que solo estaban incluidas en el dictamen cinco penas: rebelión, sedición, motín, terrorismo y narcotráfico.
Hasta ahí la ley solo alcanzaba a Antauro Humala, sentenciado por homicidio y rebelión por ser autor del ‘Andahuaylazo’, hecho que ocasionó la muerte de cuatro policías y el secuestro de otros 24.
Al no incluirse el delito de homicidio, el exmandatario Alberto Fujimori también quedaba habilitado para postular ya que fue condenado por homicidio calificado. Aunque, días previos, uno de los autores del proyecto, Alejandro Muñante, señaló a Perú21 que la ley no lo podría alcanzar porque, a su criterio, él estaba “indultado”, pero precisó que finalmente el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo iba a decidir.
Durante el debate, fue rechazada por el Pleno —con 69 votos a favor, 38 en contra y tres abstenciones— una primera cuestión previa propuesta por el congresista de Perú Bicentenario Elías Varas, para que el proyecto retorne a Constitución, por no incluirse otros delitos como asesinato o corrupción.
Ante el reclamo, Moyano agregó al texto sustitutorio que las personas con sentencia condenatoria por delitos dolosos en primera instancia tampoco podían postular. Es decir, ya no solo los condenados con sentencia consentida o ejecutoriada, por los cinco delitos mencionados anteriormente, estaban fuera de participar por los próximos diez años después de haber sido declaradas rehabilitadas.
Al no entenderse a qué delitos dolosos se refería Moyano, la congresista de Podemos, Francis Paredes, presentó una nueva cuestión previa para que el dictamen retorne a Constitución.
Con 90 votos a favor, 22 en contra y dos abstenciones, el Pleno decidió que el texto vuelva a la Comisión de Constitución, poniendo en riesgo que la ley pueda aplicarse en las próximas elecciones de 2026. Legisladores de izquierda y de derecha así lo quisieron.
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