Aprieta el acelerador. No esperará hasta que haya un Pleno extraordinario o que se inicie la próxima legislatura para que su iniciativa reciba la luz verde y entre en vigencia. El vocero alterno de la bancada Honor y Democracia, José Cueto, coautor del proyecto de ley que precisa la prescripción de los delitos calificados como de lesa humanidad, dijo a Perú21 que ha solicitado que la segunda votación de su propuesta se realice en la próxima sesión de la Comisión Permanente, que sería la siguiente semana.
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“Sí, claro que sí (que lo puede ver la Comisión Permanente); es una ley ordinaria, ya hemos pedido que se vote la siguiente semana, después del Pleno del 1 de julio (sería la sesión)”, señaló Cueto, en comunicación con este diario.
La segunda votación estaba programada para que se realice el viernes 14 último, pero el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Waldemar Cerrón, entonces encargado de la presidencia, no dio luz verde para que esta se realice, pese a que estaba en la agenda.
Desde esa fecha, quedó pendiente la segunda votación. Una vez aprobada, tendrá que ser refrendada por el Ejecutivo en los siguientes 15 días.
En caso sea observada por el gobierno en ese tiempi, el Congreso puede aprobarla por insistencia.
La referida ley establece la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos en el Perú antes del 1 de julio de 2002, fecha que empezó a regir los tratados internacionales y empezó a entrar en vigencia en nuestra jurisdicción los delitos calificados con esa clasificación.
Esto, tras la firma de los tratados internacionales como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1 de julio de 2002) y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (9 de noviembre de 2003), jueces y fiscales investigaron y sentenciaron a militares y policías, clasificando sus casos con esa figura legal para “perseguirlos” toda su vida.
PUSIERON LESA HUMANIDAD PARA QUE NO PRESCRIBAN LOS CASOS
El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, coautor del proyecto de ley junto a José Cueto, aseguró, en entrevista con Perú21, en esa oportunidad, que dicha normativa “favorecerá a unos 800 militares investigados y 36 encarcelados” por diversos delitos, como homicidio calificado y secuestro, que fueron calificados irregularmente con esa tipificación internacional.
Rospigliosi explicó que, pese a que dicha calificación de lesa humanidad recién empezó a entrar en vigencia en nuestra jurisdicción tras la firma de los tratados internacionales como el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (1 de julio de 2002) y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad (9 de noviembre de 2003), jueces y fiscales investigaron y sentenciaron a militares y policías, clasificando sus casos con esa figura legal para “perseguirlos” toda su vida.
URRESTI Y HUMALA
Tres conocidos exmilitares que se favorecerían con dicha ley son el expresidente Ollanta Humala, por el caso Madre Mía; el exministro del Interior de Humala, Daniel Urresti; y el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos, actualmente grave.
Sin embargo, el abogado de Humala, Wilfredo Pedraza, señaló a Perú21 que su defendido fue absuelto en 2009, y precisó que el referido caso nunca fue calificado como de lesa humanidad.
Para el otro autor del citado proyecto, el congresista de Honor y Democracía, José Cueto, y el abogado de IDL, esta iniciativa beneficiará también a Alberto Fujimori y a su exasesor Vladimiro Montesinos.
El abogado de Fujimori, Elio Riera, ya adelantó a este diario que, una vez aprobada la ley, solicitará la aplicación para su patrocinado.
Dos casos de terrorismo estarían incluidos
El abogado de IDL, Carlos Rivera, señaló recientemente a Perú21 que dicha norma alcanzaría también a dos casos de terrorismo: la masacre de Soras, en el que está procesada la cúpula terrorista de Sendero Luminoso, con Elena Iparraguirre al mando, y Las Gardenias, en el que los cabecillas del MRTA, como Peter Cárdenas, tienen orden de captura internacional.
Según IDL, la ley afectaría estos otros casos: Los Cabitos (1983), Benito Baldeón (1984), Manta y Vilca (1984), Accomarca (1985), Cayara (1985), El Frontón (1986), Teófilo Rímac Capcha (1986), Hugo Bustíos (1988), Barrios Altos (1991), Santiago Martin Rivas (1991), Chuschi (1991), La Cantuta (1992), Pativilca (1992), Universidad del Centro (1992) y Pucayacu.
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