Las Bambas al rojo vivo por violentas reacciones entre los comuneros

Al presidente Pedro Castillo Apurímac ya no lo quiere. En esta región, donde ganó la segunda vuelta con el 77% de los votos, el pueblo está en su contra. La comunidad se muestra así frente a las falsas expectativas generadas durante la campaña electoral, así como por la gestión del conflicto en Las Bambas, pues el gobierno habría prometido que no iba a intervenir.

Hoy, la realidad le pasa factura al Ejecutivo y ni la lavada de manos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) cuando que asegura no tener responsabilidad sobre el operativo policial de desalojo ha jugado a favor del jefe de Estado.

Prueba de ello es que dirigentes y autoridades han declarado a Castillo persona no grata, lo han acusado de traidor y hasta le han pedido dar un paso al costado. Y este último clamor fue el de Edison Vargas, presidente de la comunidad campesina de Fuerabamba, quien pidió ayer al mandatario que renuncie a la Presidencia de la República.

La solicitud de Vargas se enmarcó en un convulsionado panorama en Las Bambas, un día después del desalojo de los comuneros, mientras la Policía buscaba evitar reingresos a las zonas liberadas y más daños a la propiedad. El dirigente también advirtió que su comunidad ya no espera participar en una mesa de diálogo ni tener una reunión con autoridades de la PCM y representantes de la compañía.

“Ya sabe todo el país que Las Bambas no va; es la decisión que ha tomado la comunidad (…). El estado de emergencia no nos intimida. En este momento vamos a entrar a nuestro predio y ahí queremos que nos maten. No tenemos miedo a la muerte. Vamos a retomar nuestras posiciones, estamos dispuestos a todo”, dijo Vargas muy decepcionado.

Por otra parte, Porfirio Gutiérrez, alcalde de Challhuahuacho, distrito ubicado en la provincia de Cotabambas (Apurímac), declaró al presidente Pedro Castillo como persona no grata y criticó que se haya dispuesto el estado de emergencia por 30 días durante el proceso de diálogo.

Acusación regional

El rechazo al mandatario también provino desde el presidente de la comunidad de Huancuire, Romualdo Ochoa, el cual afirmó que Castillo ha traicionado al pueblo. Y a ello, y los demás pronunciamientos, se sumó la voz del gobernador regional, Baltazar Lantarón, quien considera que el mandatario ha buscado negociar con perdigones y que pretende quitarle recursos al pueblo apurimeño para favorecer al Cusco.

“Esa es la triste realidad de un gobierno que se está manejando políticamente queriendo quitar los recursos de Apurímac a favor de Cusco, especialmente Chumbivilcas y Espinar. Perú Libre maneja el actual gobierno (...). ¿Cómo es posible que, cuando viene el premier a Abancay, no quiere firmar un acta que diga que las regalías del canon minero son de Apurímac, pero en Cusco firma los acuerdos?”, dijo Lantarón ayer en una radio local y luego advirtió que el congresista Guido Bellido busca “jalar agua para su molino” bajo el pretexto de “hacer política izquierdosa”.

Daños severos

El segundo día de desalojo de los invasores de Las Bambas también tuvo otro matiz negativo, y este fue para la empresa MMG, dueña de la unidad minera. Esto se debe a que ayer un grupo de personas ingresaron a la planta concentradora y dañaron y quemaron una de las máquinas, según supo Perú21.

Los daños a la planta concentradora, que comprometería el funcionamiento de esta en un futuro inmediato, forman parte de una larga lista de atentados contra la propiedad que se cometieron en los últimos días. Hasta el momento la empresa ha registrado al menos 27 daños a la propiedad.

La mayoría de los bienes afectados están relacionados con incendios, habiendo sido quemados un camión cisterna, un camión lubricador, un camión grúa, luminaria, una camioneta en Chalcobamba Sur, una perforadora y un incendio en el área de relleno sanitario, todos en la zona norte de la mina.

En la zona sur se registró la quema de pastizales en el área de la cancha de nitrato y también daños por fuego a otros bienes como cuatro camionetas, llantas en el área de mantenimiento, entre otros. Además, también se detectaron atentados fuera de la zona, como, por ejemplo, contra una camioneta de Adecco y contra una comisaría.

La continuación de los actos de violencia y la poca pericia del Ejecutivo para el manejo del conflicto generó que la Defensoría del Pueblo se pronunciara al respecto. La entidad condenó que, tras el primer día de desalojo, hubiera un saldo de 18 heridos (4 policías y 14 civiles), además de los daños materiales ya mencionados.

En ese contexto, la Defensoría pidió a la Policía hacer uso legal y proporcional de la fuerza, en tanto que solicitó a los dirigentes y comuneros de Challhuahuacho y Coyllurqui que detengan los actos de violencia y que retomen el diálogo.

Pese al pedido de la Defensoría, al cierre de esta edición, continuaban los enfrentamientos entre comuneros y la Policía, que buscaba impedir que se invada nuevamente la propiedad de la mina.

Datos

-La Defensoría dijo que “se deberá determinar las responsabilidades por las lesiones infligidas a las personas que resultaron heridas”, haciendo alusión a comuneros y policías.

-En Moquegua, 5,000 trabajadores de Cuajone volvieron a tener agua tras más de 53 días de corte por la toma del reservorio de Viña Blanca por parte de la comunidad Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala.