La PCM condiciona diálogo en Las Bambas

En el oficio suscrito por el primer ministro Aníbal Torres, dirigido a los representantes de las seis comunidades de la zona de conflicto, se precisa que el cónclave entre empresa, comunidades, garantes y gobierno establecerá soluciones en el plazo de 15 días. “Todos los involucrados nos comprometemos a asegurar el clima de seguridad y de paz”, señala la carta.

En diálogo con Perú21, Juvenal Huamaní, presidente de la comunidad de Pumamarca, informó que los representantes de las distintas comunidades sostendrán hoy una reunión para evaluar dicha propuesta.

También señaló que las comunidades insistirán en que el presidente Pedro Castillo esté presente para el próximo encuentro, luego del desplante del premier Aníbal Torres en el frustrado diálogo ocurrido el último viernes.

Desde el Gobierno, el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, negó ayer ante distintos medios de prensa que el diálogo hubiese fracasado. Aunque asumió cierta autocrítica por los reiterados “encuentros y desencuentros” mientras las operaciones mineras se mantienen paralizadas desde el 20 de abril, argumentó que se trata de un problema heredado desde hace más de una década.

También consideró que hay demandas de las comunidades campesinas que son justificadas. “Viven con agua que no es potable y un hospital a medio camino. Los comuneros tienen razón allí. No puede ser que estén viviendo así”, puntualizó.

En Challhuahuacho se reportaron en las últimas horas imágenes de la llegada de un mayor número de efectivos de la Policía Nacional. El despliegue se produce en medio de la advertencia que lanzó el viernes el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, quien aseguró que se restituirá el Estado de derecho en la zona. “Si tenemos que incursionar con mayor cantidad de hombres, lo haremos”, acotó el integrante del gabinete.

“(Los policías) están viniendo a trabajarnos psicológicamente, pero no vamos a hacer caso a eso”, manifestó a Perú21 el presidente de la comunidad de Huancuire, Romualdo Ochoa.

El gobierno de Pedro Castillo decretó el pasado 27 de abril el estado de emergencia que rige en Challhuahucho y Coyllurqui durante un periodo de 30 días, con lo cual dispuso que la Policía Nacional mantenga el control del orden interno en la zona de conflicto, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.