Ayer miércoles, el Congreso aprobó con 80 votos a favor, en segunda votación, la ley que encarga a la Policía Nacional las investigaciones penales preliminares. La norma modifica 33 artículos del Código Procesal Penal, con el fin de agilizar los procesos penales.
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No obstante, la norma ha sido cuestionada por diversos sectores ya que consideran que contraviene la Constitución, la cual establece que el Ministerio Público es el encargado de la persecución del delito. Asimismo, hay quienes se han manifestado a favor, como el congresista impulsor de la propuesta, Fernando Rospigliosi, quien asegura que en la mayoría de países desarrollados la policía es quien investiga y el fiscal quien acusa.
"Estamos poniendo las cosas en orden"
José Luis Gil, exmiembro del GEIN, equipo policial que capturó al terrorista Abimael Guzmán, defendió la propuesta aprobada por el Pleno del Congreso. El exoficial indicó que tradicionalmente la PNP estuvo a cargo de las investigaciones.
"Esta vieja actividad de investigación de la PNP tiene años y se ha mantenido en los momentos más complicados en el país", dijo a Perú21.
En ese sentido, aseguró que antes del nuevo Código Procesal Penal de 2004, "la Policía de Investigaciones había desbaratado grandes bandas de secuestradores, habían terminado, en la práctica, con el terrorismo, con acciones de inteligencia". Además, aseguró que existía una "buena relación con el Ministerio Público", debido a que la PNP se encargaba de la investigación; el fiscal ayudaba a calificar el delito y el juez sentenciaba.
Asimismo, agregó que la actual norma no le ha "quitado" facultades al Ministerio Público. "La misma Constitución de 1993 le da tres facultades a la PNP: prevenir, investigar y combatir la criminalidad", indicó.
"No le estamos quitando al Ministerio Público nada, solamente estamos poniendo las cosas en orden", aseveró.
Por otra parte, consideró que, a diferencia de los fiscales, los efectivos policiales son entrenados para investigar. "Somos los únicos investigadores en el mundo en el que un abogado nos tiene que decir lo que tenemos que hacer", dijo.
GIl consideró que los fiscales han asumido un rol de dirección de la Policía. "Se han excedido y han abusado el uso de la ley, pretendiendo ser los jefes de la PNP", indicó.
"Se van a generar muchos problemas"
El abogado penalista Andy Carrión aseguró a Perú21 que la norma aprobada por el Parlamento generará efectos negativos en las investigaciones. En ese sentido, indicó que, antes de la promulgación del Código Procesal Penal de 2004, existían deficiencias que se intentaron corregir con el nuevo código. No obstante, indicó que estos problemas volverán a aparecer tras la norma del Congreso.
El penalista indicó que el principal problema que existía previamente, "era la alta incidencia de la corrupción que había en la PNP". Además, señaló que los efectivos policiales desconocían "las bases jurídicas para investigar un delito".
Por otra parte, el letrado consideró que haber encargado las investigaciones a la Policía, pone en tela de juicio la objetividad del proceso.
"Al ser un órgano dependiente del Ministerio del Interior y del Poder Ejecutivo, no garantiza una investigación independiente y objetiva", indicó a Perú21.
Asimismo, indicó que si bien a los fiscales no se les enseña a investigar; a los policías no se les enseña las "consideraciones propias del delito".
"Por eso que debe haber una complementación en la investigación. Advirtiendo las deficiencias de ambos, los fiscales en el lado forense, como la PNP en el lado jurídico", indicó.
No obstante, advirtió que la actual reforma no fomenta la colaboración entre la autoridad policial y el Ministerio Público. "Lo que hace la reforma no es tratar de sedimentar este ámbito colaborativo, sino más bien quitarle prerrogativas a la Fiscalía", dijo.
Para Carrión, la promulgación de la norma generará problemas en las investigaciones e incluso podrían afectar a los policías. "Ahora las tutelas van a tener que ser presentadas en contra de los policías, y los policías no van a estar en la capacidad de dar explicaciones jurídicas de sus decisiones", señaló.
En esa línea consideró que una alternativa hubiese sido que "todas las investigaciones preliminares se lleven en sede policial, pero siempre bajo la dirección fiscal".
Por último, el letrado señaló que el Tribunal Constitucional deberá declarar inconstitucional la norma. "Los miembros del TC van a entender que es la Fiscalía la titular de la persecución pública", señaló.
