La estrategia de Sendero para tumbarse leyes antiterroristas

Si bien el genocida Abimael Guzmán y la cúpula del grupo terrorista Sendero Luminoso (SL) están tras las rejas, aún hay seguidores bajo su mando en medio de una batalla legal contra el Estado para tumbarse las normas que castigan los actos subversivos.

El aparato legal encargado de esta tarea es el Instituto de Asesoría e Investigación Ratio Iuris, dirigido por Alfredo Crespo, un sentenciado por terrorismo que también encabeza el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político de SL.

Crespo fue condenado por pertenecer a Socorro Popular, un organismo que asesinó a cientos de personas en los años más crueles del terror. La función del abogado era defender a cualquier senderista que cayera en manos de la justicia y para ello lideró la Asociación de Abogados Democráticos, el aparato legal de la organización terrorista.

Actualmente, Alfredo Crespo ha emprendido un proceso de acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra nueve leyes y cuatro decretos legislativos de nuestra normativa.

Para que se ponga en marcha este recurso, la norma exige que el pedido esté respaldado con la firma de 5 mil ciudadanos. El 7 de noviembre de 2019, el letrado presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) 10,509 rúbricas y, el 4 de diciembre, el JNE declaró válidas 7,345 firmas y ordenó comunicárselo al TC para efectos del proceso.

SL quiere tumbarse la Ley 29936, que modifica las penas para el delito de terrorismo y el procedimiento para investigar, juzgar y sancionar el delito de financiamiento del terrorismo; la Ley 30610, que incorpora el delito de apología al terrorismo al Código Penal; y la Ley 30794, que establece como requisito para trabajar en el sector público no tener condenas por terrorismo.

Además, piden que se anule la Ley Universitaria, pues establece que en el caso de un proceso administrativo a un docente por la presunción del delito de terrorismo, apología, entre otros ilícitos, el profesor será separado de sus funciones de manera preventiva. La ley que pretenden bajarse también ordena que las personas con condenas por terrorismo o apología no pueden presentarse a los exámenes de admisión de las universidades públicas.

Quieren anular la Ley de Partidos Políticos. Esta contempla que los fundadores de una organización política no pueden estar procesados o condenados por delitos de terrorismo o narcotráfico. Además, establece que una organización política puede ser considerada ilegal cuando contribuya a difundir “la violencia, el miedo y la intimidación que el terrorismo genera”.

También atacan la Ley 30717, que prohíbe a los condenados por delitos de terrorismo, narcotráfico y violación sexual postular a la presidencia o vicepresidencia de la República, al Congreso, Parlamento Andino, Gobiernos Regionales y municipios. Crespo pretende que se declaren inconstitucionales estas y otras normas que castigan a quienes atentan contra la paz y el desarrollo de nuestro país.

En 2003, los ‘Abogados Democráticos’ usaron el mismo mecanismo legal para que el TC declare inconstitucionales las leyes bajo las cuales se juzgó y se sentenció a Abimael Guzmán y a todos los subversivos. Y lo lograron. Todos los juicios volvieron a fojas cero y en 2008 solo sentenciaron a Guzmán y a cuatro miembros del buró político de SL a cadena perpetua por la matanza de Lucanamarca y otros atentados; mientras que al resto de la cúpula les dieron entre 25 y 30 años. Recién en 2018, la justicia impuso cadena perpetua a los 12 miembros de la dirigencia terrorista por el atentado en la calle Tarata.

Sobre este tema, el general Óscar Arriola, de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), explicó que este tipo de acciones legales se han venido dando de una manera periódica, pues forma parte de la estrategia de Sendero Luminoso.

“Los senderistas se están haciendo las víctimas y están demandando al Estado peruano ante organismos supranacionales. Quieren quebrar las leyes con la que el Estado se protege del resurgimiento de la lucha armada; ellos están con todas las ganas de volverse a alzar”, sostuvo a Perú21.

El analista de la Dircote comentó que el 90% de los abogados que forman parte del Instituto Ratio Iuris integraron la Asociación de Abogados Democráticos. Además, muchos de ellos son excarcelados, miembros de Sendero Luminoso seguidores del genocia Abimael Guzmán (ver gráfico).

Alfredo Crespo sigue las órdenes del terrorista Abimael Guzmán. El partido sigue funcionando a través del Movadef y su brazo legal es Ratio Iuris.

‘Gonzalo’ sigue al mando, sigue siendo el jefe. Los abogados lo que hacen es armar toda su estrategia legal para aprovechar lo que las leyes y la Constitución peruana les permita, como a cualquier ciudadano. Ahora ya no cometen asesinatos, pero están debilitando el marco legal antiterrorista.

Cada cierto tiempo interponen algún recurso y cuando una artimaña legal les funciona, hacen el esfuerzo como el de recoger miles de firmas para repetir su táctica con el anhelo de tener un triunfo más.

Aprovechan los espacios que les da la legalidad para acumular sus casos y llevarlos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí aducen haber sido vejados por el Estado peruano y pretenden millonarias sumas de dinero como compensación.

Hay que recordar que los excarcelados Alfredo Crespo y Martha Huatay estuvieron al mando de los Abogados Democráticos y han sido piezas claves en todo lo que han logrado avanzar los senderistas desde que su líder fue capturado en 1992 y condenado luego por sus execrables crímenes.

- Tras la validación de las rúbricas, Alfredo Crespo tiene que presentar la demanda ante el TC y este evaluará si cumple los requisitos para ser admitida, según explicó el constitucionalista Samuel Abad.

- “Los plazos para conocer la sentencia de una acción de inconstitucionalidad casi nunca se cumplen, pueden demorar uno o más años”, sostuvo el abogado.