Keiko Fujimori seguirá en libertad: Corte Suprema declara infundado recurso de la Fiscalía | Foto: Julio Reaño / @photo.gec
Keiko Fujimori seguirá en libertad: Corte Suprema declara infundado recurso de la Fiscalía | Foto: Julio Reaño / @photo.gec

El Poder Judicial anunció hoy que no restablecerá la medida de prisión preventiva a la excandidata presidencial por un periodo de 15 meses, en el marco del caso Cocteles referido a los aportes irregulares a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.

Desde la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se dio lectura de la resolución sobre la casación presentada por el Ministerio Público para dejar sin efecto la anulación de la prisión preventiva de Keiko Fujimori, la resolución salió a favor de la lideresa de Fuerza Popular.

A partir de las 8:15 a.m. se dará a conocer la decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, integrada por María del Carmen Altabás (directora de debates), Iván Sequeiros, Erazmo Coaguila Chávez, Norma Beatriz Carbajal y Hugo Núñez Julca.

En caso de ser desfavorable a la lideresa de Fuerza Popular, la medida será ejecutada de inmediato, según explicó a Perú21 el abogado penalista Andy Carrión. En este escenario, la defensa de Keiko Fujimori contemplaría interponer un hábeas corpus ante el Tribunal Constitucional, pero mientras el trámite siga su curso la medida coercitiva será aplicada.

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El Ministerio Público pide que se anule la decisión de la Sala Superior Nacional, que había declarado fundada la apelación de Keiko Fujimori y dejó sin efecto la prisión preventiva que se dio en su contra, en abril del 2020.

Para la Fiscalía el recurso de casación presentado por la defensa de la excandidata presidencial nunca debió ser aceptado pues se dio fuera de plazo, ya que tenía hasta el 31 de enero para apelar la prisión de 15 meses que se le impuso, sin embargo, el recurso fue interpuesto el 3 de febrero.

Keiko Fujimori es investigada por el presunto delito de organización criminal a raíz de los más de S/4 millones que su partido recabó en las campañas de 2011 y 2016, pudiendo justificar solo el 33% de dichos ingresos. En base a ello el Ministerio Público pide una sanción de 30 años y 10 meses de prisión.

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