Keiko Fujimori cumple actualmente una prisión preventiva de 15 meses. (Piko Tamashiro/GEC)
Keiko Fujimori cumple actualmente una prisión preventiva de 15 meses. (Piko Tamashiro/GEC)

Redacción PERÚ21

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El fiscal manifestó que presentó una solicitud para que se anule la apelación hecha por la abogada de, , por “presentarla fuera de tiempo”.

De acuerdo con el representante del equipo especial Lava Jato, la defensa de la excandidata presidencial presentó esta apelación para revertir la prisión preventiva esta semana, pero dijo que el plazo máximo era el 31 de enero.

“Todos los ciudadanos son iguales ante la ley., Alejandro Toledo, Susana Villarán, Pedro Pablo Kuczynski son iguales ante la ley, no pueden haber actos especiales; (...) A todos los ciudadanos se les concede un plazo de tres días (para apelar), ¿por qué Keiko Fujimori tendría que ser la excepción?, expresó.

Asimismo, se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que permitió revertir la primera prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, y puso en duda que se resolviera tan rápido.

“Está bien que el Tribunal Constitucional haya dado una celeridad en el hábeas corpus para excarcelar a Keiko Fujimori, pero eso no sucede con todos los ciudadanos del Perú”, comentó.

Colaboración eficaz

El fiscal del Equipo Especial Lava Jato acusó a quienes critican la firma del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht de ser personas que está interesadas en mantener la “impunidad y la corrupción” a través de sus pretensiones de que se anule este acuerdo y vuelvan las investigaciones a foja cero.

“¿Quiénes están buscando eso? Los investigados, los que defienden esa situación, quienes pretenden que el sistema de impunidad y corrupción que ha imperado antes de que se conocieran los casos Lava Jato continúe. Esas son las personas que ahora levantan una bandera de indignación para decir que Odebrecht, la empresa corrupta, cometió actos indebidos contra el Perú”, manifestó ante la prensa.

Más bien se deberían preguntar qué hacían estas personas cuando los invitaba precisamente para pactar, a negociar, a realizar estos actos corruptos con ellos”, añadió.

Pérez respondió a la prensa luego de que se suspendiera la audiencia en la cual sustentaba el pedido de prisión preventiva contra Gerardo Sepúlveda, exsocio de Pedro Pablo Kuczynski. En la víspera, se informó que la empresa presentó una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra el Estado peruano para exigir una indemnización por US$1,200 millones por la anulación del contrato para el caso Gasoducto Sur Peruano.

El fiscal recordó que el caso Gasoducto está en manos de la fiscal Geovanna Mori, también del Equipo Especial, por lo que se excusó de dar a conocer qué acciones tomará ella ante esta decisión de la empresa brasileña.

“Lo único que puedo indicar es que el Equipo Especial que lidera Rafael Vela cumple su función sin privilegios y sin prejuicios respecto a los investigados. Los aspectos del hecho, las pruebas que conoce la fiscal Mori en el caso Gasoducto, los conoce la fiscal Mori. Lo que se ha dado cuenta es que no solo hay un reconocimiento de delitos por parte de Odebrecht en dicho caso, sino por parte de Graña y Montero y sus funcionarios”, sostuvo.