El juez Manuel Chuyo dictó hoy comparecencia con restricciones contra la lobista Karelim López y otros cuatro investigados por la adjudicación irregular del puente Tarata, ubicado en la región San Martín.
Chuyo impuso a López varias reglas de conducta: prohibición de acudir a la sede de Provías, no comunicarse con testigos e investigados y presentarse a la autoridad judicial cada mes.
El pedido fue formulado por la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, quien está a cargo de la investigación. López Arredondo, asimismo, se acogió a la colaboración eficaz con la fiscal de lavado de activos Luz Taquire.
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De acuerdo a la hipótesis de Zecenarro, la empresaria intervino en el proceso de concesión del proyecto -convocado por Provías- para que el consorcio integrado por la empresa Termirex, de la familia Pasapera, ganara la licitación. La obra demandaría más de S/232 millones de inversión.
El resto de personas sobre las que pesa una medida similar son Héctor Pasapera López, Marco Pasapera Adrianzén, Víctor San Miguel y Alcides Villafuerte. Este último era funcionario de Provías.
Por este mismo caso, el juez dictó 36 meses de prisión preventiva contra dos sobrinos del presidente Pedro Castillo (Gian Marco Castillo Gómez y Fray Vásquez Castillo) y su exsecretario Bruno Pacheco, quienes son sindicados de dirigir contratos de obras convocadas por el Ministerio de Transportes. Los tres se encuentra prófugos.