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Poder Judicial: "Parlamentarios están tomando decisiones contrarias al ordenamiento jurídico"
Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del PJ reiteró su disposición a debatir este tema con el Congreso en una mesa técnica.
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La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Poder Judicial aseguró que el Congreso toma "decisiones contrarias al ordenamiento jurídico" al exigir un pronunciamiento en segunda instancia para levantar la inmunidad de legisladores sentenciados a pena privativa de la libertad efectiva.
A través de un comunicado, recordó que el artículo 402° del Nuevo Código Procesal Penal prescribe que la sentencia condenatoria, en su extremo penal, se cumplirá provisionalmente aunque se interponga recurso de apelación contra ella, salvo los casos en que la pena sea de multa o limitativa de derechos.
"Por tanto, al exigir un pronunciamiento en segunda instancia, los parlamentarios están tomando decisiones contrarias, que no corresponden a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico", señala el comunicado.
De otro lado, la comisión reiteró la predisposición de sus integrantes a participar en una mesa técnica de trabajo con el Congreso, con el fin de compartir criterios en torno a la inmunidad parlamentaria, no teniendo respuesta hasta el momento.
"Resulta necesario precisar que de acuerdo a la normatividad vigente, la decisión final, respecto de los pedidos de levantamiento de inmunidad parlamentaria, la adopta, difiere o rechaza el Congreso de la República", remarcaron.
#Atención. Compartimos comunicado de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Poder Judicial respecto a la labor que desempeña así como sobre declaraciones del Congresista @Mauriciomulder aparecidas en el diario @elcomercio_peru. Leer. https://t.co/6EQ5zP5oDm pic.twitter.com/8qwBeTC1u1
— Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) 25 de mayo de 2019
Cabe indicar que el Poder Judicial enviará el lunes 26 de mayo un pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria de proceso al legislador Moisés Mamani por los presuntos delitos de falsedad ideológica y falsedad genérica en agravio del Estado.
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