La Sala Plena de la Corte Suprema acordó adoptar dos medidas para impedir las constantes "intromisiones" del Tribunal Constitucional en sus competencias durante la aplicación de la justicia ordinaria.
La primera es la conformación de una comisión integrada por cuatro jueces supremos, incluido el presidente del Poder Judicial, César San Martín, para que elabore, en la mayor brevedad posible, un anteproyecto de ley que garantice la independencia de los magistrados y la firmeza de sus fallos, en concordancia con el valor seguridad jurídica.
La segunda medida tiene que ver con la emisión de una circular para definir criterios de actuación a fin de garantizar la independencia de los jueces y la estabilidad de sus resoluciones, en especial de la Corte Suprema de Justicia, en su calidad de órgano límite dentro de la jurisdicción ordinaria.
El enfrentamiento entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial se originó cuando el colegiado resolvió el proceso de amparo interpuesto por el Scotiabank contra la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, en el que ordena se emita un nuevo fallo.