El Poder Judicial, a través de la Primera Sala Penal Liquidadora Transitoria emitió condenas que van desde los 6 a 12 años de cárcel contra un grupo de militares que se encontraban procesados por el caso Vilca y Manta, al hallarlos culpables de violación sexual, considerado como delito de lesa humanidad.
El tribunal impuso 12 años de pena privativa de la libertad en contra de Sabino Valentín Rutti, en calidad de autor directo del delito contra la libertad y el honor sexual.
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Rufino Rivera, Vicente Yance, Epifanio Quiñones, Amador Gutiérrez, Raúl Pinto, Arturo Simarra y Lorenzo Inga recibieron una condena de 10 años de cárcel.
A los militares Martín Sierra Gabriel y Pedro Pérez López se les impuso 8 y 6 años de pena privativa de la libertad, respectivamente. También se fijó en S/ 100 mil el monto de la reparación civil que deberán pagar a cada una de las víctimas.
“Todas las penas que se dictaron esta tarde se computarán una vez los condenados sean habidos y puesto a disposición de la autoridad judicial”, informó la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), susbsistema al que pertenece la Primera Sala Penal Liquidadora Transitoria.
Se reservó el juzgamiento a los acusados Julio Meza, Edwin Carrasco y Diomedes Gutiérrez, por encontrarse en calidad de reos contumaces.
Los hechos que fueron materia de este proceso penal ocurrieron en las localidades de Manta y Vilca (Huancavelica) entre mediados de los años 80 y principios de los años 90.
Entre 1984 y 1995, mujeres y niñas campesinas de Manta y Vilca denunciaron que fueron sistemáticamente violadas y sometidas a otros tipos de abusos por los miembros de las Fuerzas Armadas. Muchas de ellas eran adolescentes y tuvieron que llevar adelante embarazos forzados. Cuatro décadas después, sus agresores han sido enviados a las rejas.
Según el Registro Único de Víctimas del Ministerio de Justicia, más de 5.300 mujeres fueron abusadas sexualmente durante la época del terrorismo. Huancavelica fue una de las cinco regiones que registró el mayor número de estos crímenes.
La organización Demus calificó las sentencias como históricas.
Cynthia Silva, directora de Demus-Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer y abogada que acompaña la defensa legal de tres sobrevivientes, dijo a Infobae que aguarda a que el Ministerio Público “interponga el recurso correspondiente para solicitar el incremento de las penas”, que inicialmente eran de 18 y 10 años, pero que fueron reducidas a 10 y 12 años, respectivamente.
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