José Luis Escaffi tiene vasta experiencia en el manejo del sector público y en la gerencia de proyectos de inversión pública. Bajo esa premisa, Perú21 conversó con él sobre el problema social que viene generando el cobro de peajes en el marco de denuncias e investigaciones de presunta corrupción en su concepción. Y esto fue lo que nos dijo.
¿Se puede renegociar peajes pactados en el pasado en el marco de un contrato de concesión?
Siempre que la negociación sea de buena fe de las dos partes, no hay manera de que unilateralmente una de ellas desconozca lo pactado. Un contrato es ley entre partes que ha sido pensada para una relación de largo plazo. Las concesiones en este caso suman aproximadamente 30 años. Si tú vas a tener una relación tan larga con una contraparte, tienes que tener reglas de juego claras que garanticen en el tiempo la convivencia, y por eso hay derechos y obligaciones de ambos; siempre el propio contrato permite que ambas partes se sienten a renegociar cualquier cláusula.
Si se revela que en el origen del contrato hubo indicio de corrupción, ¿no hay cláusula que lo invalide?
En estos contratos no la hubo. Hay una generación de contratos que no tenía cláusula anticorrupción. Estas surgen a partir del escándalo Lava Jato. (…) Hay que separar la paja del trigo. El tema de que haya habido corrupción tiene que ser visto por la Fiscalía, el Poder Judicial y si se descubre culpables, que vayan presos todos los responsables de los delitos, pero las leyes en el mundo tratan de proteger a las instituciones y los contratos de maneras como las que ya Perú aprendió a poner.
Si no hay una cláusula anticorrupción, ¿hay algún argumento legal para ir al concesionario y decirle ‘este contrato es inválido’?
No. Tú no puedes decir que el contrato es inválido. Puedes decir que, con toda la información disponible, nos queremos sentar a revisar en estos contratos algunas cláusulas…
Pero tiene que ser de las dos partes…
De mutuo acuerdo.
¿No puede el Estado imponerse…?
Así es, porque la génesis estaba en otras empresas que ya no están a cargo de estos contratos.
Porque se vendió la titularidad de la concesión…
Se han vendido las participaciones que tenían estas empresas en el caso de Rutas de Lima. La concesión que tenía Odebrecht vendió la participación a Brookfield Asset Management y a otro fondo de inversionistas y ellos compran de buena fe. No tendrían necesariamente que saber que hubo o no corrupción. Además, no hay todavía demostraciones de actos de corrupción en ninguna de las dos. Por manifestaciones de los Barata o Pinheiro de OAS sabemos que ha habido gente involucrada en el municipio que ha recibido dinero, algunos para la campaña; eso lo tienen que ver los jueces, los fiscales y la Policía de investigación.
¿Qué incentivo tendría entonces el concesionario actual para ir donde el Ejecutivo y renegociar una reducción de peaje?
(...) Los contratos tienen cláusulas de derechos y obligaciones. Si tú me dices que yo tengo obligaciones y tengo que hacer inversiones de 2 mil millones de soles, gastar en mantenimiento, pagar planillas para que las vías tengan un nivel de rodadura, servicio, seguridad, sistema de grúas, yo tengo en compensación derecho a cobrar los peajes. Si tú suspendes un peaje, se suspenden las obligaciones porque no me puedes seguir obligando a invertir a mi costo y riesgo. (…) Los contratos nacionales, por ejemplo, tienen cláusulas de lo que se llama la conmoción social, que es el tema de que haya una marcha y la población se oponga. Acá hay cosas por revisar porque hemos visto que hay gente que vive en la zona y el peaje le impide transitar porque los municipios y autoridades que concesionaron no se preocuparon por darles vías alternas.
Ese es un problema de la concepción inicial de la concesión…
No es una responsabilidad del concesionario, sino del Estado.
Si se redujera el peaje, habría que exigirle menos al concesionario…
Por supuesto. Tendrías que compensarlo ampliando más años de concesión o quitándole obligaciones en términos de diseño, construcción, operación y mantenimiento de infraestructura. Tiene que haber alguna manera en que el equilibrio económico se mantenga.
Lo que genera malestar es tener un peaje para ir de la casa al trabajo. ¿Es justificable tener ese modelo?
En el mundo existen peajes en vías rápidas justamente para que existan vías alternas a la red vial de la ciudad; se genera peajes para que la gente que quiere ir más rápido pague el peaje y no demore una hora lo que puede hacer en 20 minutos, tú eliges.
¿Qué pasa si la municipalidad o el actor que fuera, con motivación política, decide unilateralmente resolver o modificar este contrato? ¿Qué herramientas tiene el concesionario?
Los contratos son relaciones entre iguales. No es que la autoridad tiene más poder que el otro, porque sería insostenible. (…) Generalmente usamos el matrimonio; para que las cosas duren tienen que ser parejas y se reparten las tareas, las obligaciones; acá es lo mismo. Si alguien unilateralmente lo hace, el otro tiene el derecho a demandarlo y normalmente les hacen arbitrajes internacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
¿Y si te peleas por alguna razón y te comprometes a ir a un arbitraje?
Si lo haces unilateralmente, tienes todas las de perder porque la empresa se ha endeudado en el mercado de capitales internacionales para cumplir con sus obligaciones, poner 2 mil millones de inversiones y aún no recupera con el peaje todo lo que han invertido...
Es un riesgo que asumió el concesionario desde el comienzo…
¿Pero qué pasa si alguien unilateralmente corta la relación? Voy al arbitraje y te cobro todos los daños.
¿Y en una instancia como el Ciadi, el argumento de que hay indicios de corrupción en el origen de contrato es un argumento válido?
No mientras no tengas una sentencia de que ha habido corrupción. Ahora, si después de que un juez declara con sentencia consentida que la empresa de un consorcio o de una concesión vigente que no tenía cláusula anticorrupción es culpable, cualquier autoridad puede exigir la renegociación del contrato y pedir que se aplique otro tipo de leyes. La empresa renueva toda su plana directiva y sanciona a los culpables o se les obliga a vender su participación y que se queden en ella solo los (directivos) que no han estado involucrados. Adicionalmente, en la renegociación contractual se pueden incluir cláusulas anticorrupción.
¿Y qué posibilidades hay, bajo la circunstancia actual, de que antes de llegar al Ciadi, se sienten en la Municipalidad de Lima?
El alcalde Jorge Muñoz ha creado una comisión de expertos, (...) se está asesorando bien y se han sentado a negociar. Están evaluando los aspectos de todo aquello que hay que perfeccionar en los contratos y tienen todo el derecho de poner, por ejemplo, este tema de la conmoción social que despierta gran preocupación. Eso lo tienen que resolver porque tampoco le interesa tenerlo permanentemente al inversionista.
¿Es responsabilidad del Estado…?
Es responsabilidad del Estado resolverlo, pero los inversionistas saben que no pueden vivir con una conmoción social permanente. De hecho, algunos inversionistas en estas concesiones ayudaron al Estado con fondos o fideicomisos para expropiaciones porque el Estado reconocía que uno de sus mayores problemas para permitir que se hagan las vías rápidas y carreteras es la expropiación; se comparte el riesgo. Ahora, la investigación tiene que terminar. Hay indicios de que ha habido plata, de que gente a cargo de una entidad le pide a uno de sus proveedores plata para campaña y eso es per se un delito. ¿Cuánto de eso manchó la concesión? ¿Cuánto de eso tuvo que ver con las condiciones del contrato? Eso es lo que hay que investigar forensemente.
Esta semana vimos imágenes de un asalto en la ruta de Línea Amarilla. ¿El concesionario tiene responsabilidad en este caso?
El concesionario tiene que dar servicios que garanticen la seguridad de tu tránsito en la vía. Si hay un choque, tiene servicios de grúa, ambulancia, está listo para dar servicios de rescate. Lo que no puede hacer es de Policía y lo que has visto en ese video se da en cualquier parte de Lima. Eso es responsabilidad de los municipios a través de su serenazgo, pero fundamentalmente es de la Policía.
El Estado tiene deficiencias como regulador o contraparte, en la liberación de predios, por ejemplo. ¿Es un Estado que tiene oportunidad de mejorar…?
Pero en sus verdaderos roles. El Estado en el Perú ha demostrado que es un mal empresario, un mal inversionista, que no sabe manejar ni puertos, ni aeropuertos, ni carreteras, ni redes de agua potable. Mira lo que nos pasa en todo el Perú. ¿Cuánta gente no tiene agua en casa y paga siete veces la de cisterna, que no es segura? Mira todo lo que podríamos hacer mejor con los modelos que ya han probado ser exitosos en carreteras, puertos, aeropuertos. (…) Tenemos experiencia, buena regulación, buenas lecciones aprendidas. Que hay que sacar lecciones del efecto Lava Jato sí, pero Lava Jato no puede convertir a las asociaciones público-privadas y a las adendas en malas palabras.
“MODELO DE LAS APP NO ES MALO”
El modelo de las asociaciones público-privadas está en tela de juicio a raíz del caso Lava Jato y la corrupción en torno a constructoras de infraestructura. ¿El Perú debe seguir apostando por ese modelo?
Tenemos que sincerar la información. Hasta ahora el Perú tiene más de 60 concesiones y si ves todas esas concesiones y ventas de contratos de activos que se dieron a través del tiempo, tienes la acusación de las Interoceánicas IIRSA Sur II y III, donde hay dos gobiernos consecutivos y donde responsables de Odebrecht han dicho: ‘Les he dado dinero’; eso es coima burda, no hay duda. Ojalá eso se termine aclarando y sean castigados de rey a paje.
Hay otras obras que también están en la mira…
Otras que están acusadas son algunas vías de evitamiento del Cusco, que también han tenido coimas ligadas a gobernadores, y obviamente las sospechas en los peajes de Lima. Sin embargo, no por eso puedes decir que todo el modelo de concesiones ha sido malo para el Perú. Mira el aeropuerto Jorge Chávez, quienes teníamos edad suficiente y pelo (sonríe) para vivir la época de Corpac como responsable de los aeropuertos, vimos un aeropuerto que vendía US$29 millones en tubos, un tránsito de pasajeros pequeño. Hoy día hay casi 20 millones de pasajeros, captura cerca de 400 millones de dólares y se ha podido expandir.
FICHA
- José Luis Escaffi es licenciado en Economía y ha sido gerente general de diversas empresas públicas como Osiptel, Foncodes y Aeropuertos del Perú.
- Tiene experiencia en el diseño de programas y políticas de inversión pública y modernización del Estado.