En el último día de la segunda legislatura correspondiente al periodo 2023-24, el Congreso de la República se alista hoy a debatir y eventualmente aprobar una serie de normas que ponen en riesgo la lucha contra la seguridad ciudadana y la corrupción.
La alerta sobre el particular se ha dado desde distintos frentes en los últimos días. Ayer fueron los gremios empresariales más importantes del país los que advirtieron, a través de un comunicado, sobre los efectos nefastos de la norma aprobada ya en primera votación por el Parlamento, que modifica diversos artículos del Código Penal debilitando la lucha contra el crimen organizado y favoreciendo a las organizaciones criminales.
En el documento, la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias, Adex, Agap, Capeco, entre otras, advierten que “es grave” que el Parlamento apruebe una normativa según la cual solo se considera como organización criminal a quienes cometen delitos con penas que superan los 6 años de prisión efectiva, con lo que se dejaría fuera de esa tipificación a las organizaciones involucradas en actos de corrupción.
Cuestionaron, además, que se señale que las organizaciones criminales son aquellas que controlan la cadena de valor de un mercado o economía ilegal. “Eso, indicaron, dejaría fuera a quienes cometan delitos de extorsión, secuestro y asalto, que son los que tienen en zozobra a la población”.
Otra observación está referida a la propuesta legislativa para que los allanamientos se realicen con previa comunicación al investigado y su abogado, “lo que implica perder el factor sorpresa de estas intervenciones y facilitaría el eventual ocultamiento de pruebas de los casos”, manifestaron. En esa línea, pidieron al Congreso tomar en cuenta sus observaciones al momento de llevar a cabo la segunda votación del dictamen.
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DESDE LA FISCALÍA
Pero este no es el único tema que ha puesto bajo la lupa ciudadana al Congreso. Los fiscales que integran el Subsistema Especializado en Derechos Humanos e Interculturalidad del Ministerio Público criticaron la norma que precisa la prescripción para delitos de lesa humanidad debido a que implicaría la “conclusión de diversas investigaciones y procesos penales” como los casos de Madre Mía, El Frontón, Soras, Barrios Altos, etcétera.
En esa línea, “exigieron” a los legisladores respetar de manera irrestricta los estándares internacionales en materia de derechos humanos y anticiparon que de aprobarse la ley, el Ministerio Público adoptará las medidas que correspondan en el marco de sus atribuciones legales y constitucionales.
El director ejecutivo de CHS Alternativo, Ricardo Valdés, refirió que de aprobarse la iniciativa sobre crimen organizado, no se incluirá en esa tipificación la estafa agravada, tráfico de productos pirotécnicos, tala ilegal, tortura simple, enriquecimiento ilícito básico, tráfico de influencias, etcétera.
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