Todo lo que hace el equipo especial Lava Jato para devolver el golpe que Jorge Barata les asestó al incumplir su acuerdo de colaboración eficaz parece en vano y, sobre todo, tardío. Ayer, la fiscal Geovana Mori incluyó como investigado al exdirectivo de Odebrecht en el caso Gasoducto y, de paso, pidió al Poder Judicial que le dicte 36 meses de prisión preventiva, como si estas medidas pudieran ejercer la justicia que se esperaba en su momento.
Ese proceso penal, donde los principales investigados son el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, inició en 2017, cuando Barata negociaba sus beneficios penales a cambio de confesar a qué funcionarios sobornó la empresa brasileña.
Si bien la compañía no reconoció que por esta obra de más de US$7 mil millones haya pagado coimas, su exejecutivo admitió en 2019 que coordinaba con Heredia su adjudicación en favor de la constructora.
Y es que, según la tesis de la fiscal Mori, los Humala impulsaron la construcción del gasoducto y, en compensación por los US$3 millones que recibieron para financiar la campaña presidencial de 2011, direccionaron la licitación.
De acuerdo a la investigación, en medio de esos tratos se cambió al ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, porque la empresa sentía que no existía una buena comunicación.
Y en lugar de Merino, la gestión humalista puso a Eleodoro Mayorga. Y no solo eso, también se cambió al comité de selección de Proinversión y se ubicó como presidente de este a Edgar Ramírez Cadenillas, quien ya sabía lo que era trabajar con Odebrecht.
Es curioso, pero fue por otro caso de Humala que se quebró la relación Fiscalía-Barata. El operador brasileño no quiso declarar en el juicio contra el exmandatario por los aportes de campaña, aduciendo un impedimento legal dictado en su país.
Ahora, Jorge Barata será investigado por el delito de colusión y para que responda a la justicia peruana se busca su detención en Brasil, donde vive plácidamente.
Mori alegó en su requerimiento presentado al Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria que era necesario ordenar la captura del investigado, con residencia en Sao Paulo, porque no respeta disposiciones judiciales.
“Jorge Henrique Simoes Barata ha verificado un comportamiento que evidencia desvalor a la acción de la justicia peruana y ausencia de sometimiento como testigo para los fines de averiguación de la verdad (…) el investigado eludirá la acción de la justicia aun desde el país donde reside, dado que no se trata de un ciudadano que muestre respeto y obediencia al ordenamiento jurídico”, se lee en escrito al que accedió este diario.
El Perú tiene un tratado de extradición con Brasil desde 2006; no obstante, los brasileños no suelen entregar a sus ciudadanos.
Según fuentes diplomáticas consultadas por Perú21, lo que podría hacer Brasil es, de aprobarse el pedido de prisión, juzgar en su territorio a Barata. Pero el empresario afronta otros casos penales en su nación por la trama Lava Jato.
En realidad, desde que el Ministerio Público se comprometió a no enjuiciar a Barata, por la colaboración eficaz, este último ya sonreía por la impunidad.
Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.
VIDEO RECOMENDADO
:quality(75)/cdn.jwplayer.com/v2/media/sFyk9mYN/poster.jpg)
