La Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió sus actividades tras el decreto promulgado por el Poder Ejecutivo que declara al país en estado de emergencia por 15 días como medida para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19).
En la resolución N° 035-2020-JNJ, la JNJ dispone suspender las audiencias y los plazos de investigación “relativos a los procedimientos constitucionales y legales”.
Esto comprende los procesos disciplinarios abiertos a los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, sindicados de integrar la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto.
Y alcanza, además, a las investigaciones preliminares iniciadas a los jueces supremos César San Martín y Ángel Romero, y al exjuez supremo y exjefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Vicente Walde Jaúregui.
De esta manera, la Junta presidida por Aldo Vásquez se sumó a otros organismos autónomos como el Ministerio Público y Poder Judicial, que también pusieron un alto a sus funciones mientras dure el plazo de aislamiento decretado por el gobierno.
La función de la JNJ es nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales del país.