El fiscal José Domingo Pérez, quien está a cargo de la acusación contra Keiko Fujimori y otros por el caso cocteles en el juicio que actualmente se viene desarrollando, no actúa con motivaciones estrictamente jurídicas para la mayoría de peruanos, según la encuesta de Ipsos que publica hoy en exclusiva Perú21.
El 40% considera que desempeña su labor sobre la base de criterios legales, pero el 53% piensa que lo hace con motivaciones políticas, emocionales o ansias de figurar. Y es lo que han reclamado durante las audiencias los acusados y sus abogados.
Al respecto, el abogado penalista Andy Carrión dijo que ha habido un “trabajo jurídico muy mal formado” de parte del fiscal Pérez porque “parte de evidencias que no aportan a lo que se está investigando, que es lavado de activos”.
En conversación con este diario, señaló que en los alegatos iniciales del juicio, Pérez “ha incorporado argumentos políticos en un caso que solo debió manejarse bajo consideraciones jurídicas”.
“Esta encuesta de Ipsos, en rigor, indica que la población también está entendiendo lo mismo. La actitud que ha mostrado el fiscal Pérez demuestra, y la población lo entiende así, que hay motivos políticos y ansias de figurar”, manifestó.
Respecto a la pregunta de si los fiscales ganarán o perderán los juicios del caso Odebrecht a propósito del anuncio de Jorge Barata de que ya no colaborará con la justicia nacional, Carrión dijo que la percepción de la ciudadanía “está muy bien formulada”, pero, dijo, “eso no significa que los casos se vayan a caer, aunque sí están débiles”.
Por: Luis Lamas Puccio, abogado penalista
La presencia de José Domingo Pérez en este caso fue una sorpresa porque nadie lo conocía, pero tenía apoyo político de aquel entonces, como lo demostró el presidente Vizcarra. Él era el menos adecuado por razones profesionales y emocionales para encargarse de una investigación tan delicada, pero quizá por eso lo colocaron en ese puesto, con la anuencia de Pablo Sánchez y otros.
Estos juicios desde el principio estuvieron perdidos, como ahora lo anticipa la ciudadanía en la encuesta de Ipsos. No porque Barata decidiera no colaborar, sino porque hubo una decisión al más alto nivel para diseñar un esquema legal para favorecer a Odebrecht permitiendo que vendan sus activos y que ciertos personajes se fueran del país. Para eso hubo una confabulación entre el Ejecutivo, presidido por Kuczynski; la ministra Marisol Pérez Tello; el Congreso, de mayoría fujimorista; y el TC. Lo que está pasando ahora con Barata era previsible.
Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.