[Informe21] Cuestión de confianza y vacancia: el límite del equilibrio de poderes

Sin embargo, tanto el Ejecutivo como el Parlamento cuentan con mecanismos constitucionales a los que podrían apelar en cualquier momento. Por un lado, está la cuestión de confianza, que permite al Ejecutivo consultarle al Congreso su nivel de respaldo respecto al gobierno. De negarse la confianza a dos gabinetes de un mismo gobierno, el presidente de la República tiene la facultad de disolver al Parlamento.

En la otra orilla está la vacancia presidencial, regulada en el artículo 113º de la Constitución y que puede darse por muerte; incapacidad moral o física; aceptación de renuncia presidencial; salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar al país en el plazo fijado y por destitución.

En los últimos 21 años, el Poder Legislativo ha llevado a cabo cinco procesos de vacancia contra tres presidentes, pero solo tuvo ‘éxito’ en dos de ellos. El primero se remonta al año 2000, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori viajó al extranjero en medio de cuestionamientos por la corrupción en su gobierno. Luego de que el Pleno aprobara su vacancia, por mayoría simple, Fujimori renunció vía fax.

A los 17 años de aquel episodio, le tocó el turno a Pedro Pablo Kuczynski (PPK). En su caso fueron dos procesos de vacancia los que enfrentó –en 2017 y 2018– por sus vínculos con la empresa brasilera Odebrecht. Adelantándose a un inminente desenlace en contra, él mismo renunció al cargo el 21 de marzo de 2018.

La crisis política se agudizó con Martín Vizcarra, quien, después de cerrar el Congreso, en setiembre de 2019, fue vacado en noviembre de 2020 por el Congreso que él mismo convocó. ¿La causal? Permanente incapacidad moral por actos de corrupción en torno al escándalo de Richard Swing.

Exceptuando aquel 5 de abril de 1992, en el que Alberto Fujimori disolvió el Parlamento en el marco de un autogolpe, desde el Ejecutivo también han sido recurrentes, en diferentes periodos, las voces sobre una posible disolución congresal con el explicito propósito de amedrentar a los opositores.

En 2017, en el gobierno de PPK, el premier Fernando Zavala planteó una cuestión de confianza al Congreso que fue rechazada. De haber ocurrido lo mismo con un segundo gabinete, el presidente hubiera podido cerrar el Parlamento.

Meses después, en setiembre de 2018, ya con Vizcarra en la presidencia, el primer ministro César Villanueva planteó cuestión de confianza sobre las reformas políticas y del sistema de administración de justicia. El pedido se aprobó, pero solo tres meses después su segundo jefe de gabinete, Salvador del Solar, presentó otra cuestión de confianza en medio de un proceso de elección de magistrados del Tribunal Constitucional que derivó en la disolución del Congreso.

Para el constitucionalista Aníbal Quiroga, el Ejecutivo y el Legislativo han hecho “uso abusivo” de las herramientas constitucionales que deberían garantizar el equilibrio de poderes. “Ni vacar al presidente ni disolver el Congreso es una tarea sencilla, pero, en los últimos años, debido a la falta de partidos políticos sólidos, los frentes se han visto encontrados y han adoptado una suerte de rivalidad más que de cooperación”, dijo a Perú21.

Recordó que, en el caso de PPK, la falta de representación parlamentaria lo colocó en una posición vulnerable frente a la oposición. “Presidentes como Humala, Toledo y Ollanta no fueron mejores, pero tenían la confianza cantada, evitando así la vacancia porque contaban con un partido formal con peso en el Congreso”, explicó.

No obstante, el abogado Natale Amprimo sostuvo que los últimos intentos de vacancia contra Vizcarra y PPK han sido válidos. “Las mociones de vacancia por incapacidad moral figuran desde la Constitución de 1839 y no han sido de aplicación usual en el país. A la luz de lo que ya se conoce, ¿tenían o no estos dos expresidentes incapacidad moral para gobernar?”, cuestionó.

El abogado Omar Cairo, en tanto, descartó que se haya abusado de la cuestión de confianza. “Es un mecanismo totalmente válido de presión para que el Legislativo ceda en aprobar medidas específicas. En 2019 vimos un caso particular cuando se disolvió el Congreso, que luego fue validado por el TC”, señaló.