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Procurador en materia constitucional interpuso recurso el pasado 25 de julio.

Gobierno insiste con blindar a Dina Boluarte

Por investigaciones iniciadas por la Fiscalía, y avaladas por el Poder Judicial, a mandataria.

Imagen
Foto: Presidencia.
APARECIÓ. Boluarte encabezó ayer la sesión de Consejo de Ministros usando una mascarilla.
Fecha Actualización

El Ejecutivo concretó finalmente un anuncio que hizo hace más de dos meses para blindar a Dina Boluarte. La Procuraduría en Materia Constitucional interpuso una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para poner en cuestión las investigaciones que la Fiscalía, con el aval del Poder Judicial, ha iniciado contra la presidenta en funciones.

MIRA: Dina Boluarte presenta demanda para anular investigaciones en su contra

El recurso fue interpuesto por el procurador Luis Huerta el pasado 25 de julio. En él se alega que jueces y fiscales estarían excediéndose en sus competencias y habrían permitido múltiples indagaciones a Dina Boluarte “por cualquier delito”.

La posición del Gobierno es que la jefa de Estado solo puede ser acusada en ejercicio, como señala el artículo 117 de la Constitución, por traición a la patria; por impedir las elecciones generales; impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones; y por disolver ilegalmente el Congreso.

“El artículo 117.° de la Constitución ha sido objeto de interpretación por parte de diversas instituciones relacionadas con el sistema de administración de justicia (...) Todas coinciden, principalmente a partir del año 2022, en que el presidente puede ser investigado durante su periodo por cualquier delito, sin que el mencionado artículo constitucional sea un límite para ello”, se lee en el documento presentado por Huerta al que accedió Perú21.

MIRA: El Bicentenario de la Batalla de Junín fue sin Boluarte

Tras año y nueve meses en el poder, la Fiscalía imputa a Boluarte lavado de activos y delitos de corrupción. Y es que el Poder Judicial ha permitido que a un gobernante se le pueda investigar de forma preliminar.

El primer caso fue el de Pedro Castillo, quien era sindicado de encabezar una organización criminal que direccionaba obras públicas desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La demanda del procurador pide al TC precisar los alcances de la inmunidad presidencial y cuáles son los delitos por los que un presidente puede ser acusado.

También advirtió una serie de situaciones que vienen debilitando institucionalmente al Ejecutivo desde 2016. Entre ellas, las limitaciones para presentar cuestión de confianza, el uso de la vacancia presidencial y restricciones al mandatario para disolver el Congreso.

OTRO DEFENSOR

Consultado ayer sobre el recurso, el premier Gustavo Adrianzén negó que se quiera blindar a la presidenta.

“No pretendemos convertir al Poder Ejecutivo en intocable. Lo que nosotros queremos recordarle a la ciudadanía es que (…) la presidenta goza de una protección constitucional”, declaró en conferencia de prensa.

“No lo hacemos por la presidenta Boluarte. Lo hacemos pensando en cualquier otro presidente que venga a futuro que no puede estar viendo mermadas sus funciones constitucionales al tener que estar acudiendo ante los llamados de la Fiscalía (…) Esta actitud merma de manera significativa y socava las funciones constitucionales de la presidenta de la República”, cuestionó Adrianzén. 


Por su parte, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, señaló que el Ejecutivo no busca anular las investigaciones en contra de su patrocinada, sino que no se vean entorpecidas sus funciones como presidenta.  

“Yo estoy completamente de acuerdo. Es más, puedo señalar que hubiera sido mi absoluto consejo profesional promover ese conflicto competencial”, dijo Campos a Perú21. “No se trata de una defensa más de la presidenta ni tampoco se busca anular las investigaciones de manera directa”, remarcó.  

TENGA EN CUENTA

- Dina Boluarte es investigada por el caso Rolex; las muertes en las protestas contra su gobierno; así como el desmantelamiento del equipo policial que apoyaba al Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Efficop).

- La Fiscalía también la investiga por lavado de activos con relación al supuesto financiamiento ilegal de las campañas electorales de Perú Libre. 

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