La lucha contra la corrupción tiene que ser una prioridad para el Estado peruano y para la sociedad en su conjunto, incluyendo al sector privado. De manera que los anuncios de incremento presupuestal destinado a la lucha anticorrupción son bienvenidos, porque no es un gasto, sino una inversión en el trabajo del Poder Judicial, en el trabajo del Ministerio Público, del Ministerio de Justicia y de diversos sectores. Estos esfuerzos tienen que converger hacia el objetivo de prevenir y sancionar la corrupción. Este flagelo no se va a acabar por sí solo.
Pero no basta con el aumento presupuestal, que sin duda es muy importante para cumplir con las políticas de lucha contra la corrupción. Hay una tarea que el propio Congreso debe realizar en el campo de la fiscalización y la legislación.
Sin embargo, también hay una tarea que la prensa y la sociedad civil podemos realizar respecto del cumplimiento no solo del presupuesto asignado a estas entidades, sino de las políticas que se siguen en la lucha contra la corrupción. Hay una tarea que nos compromete a todos.