Fiscalía ya tiene el camino libre para acusar a Pedro Castillo por corrupción

El Congreso de la República, después de varias semanas, aprobó este viernes el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente golpista Pedro Castillo.

Con 59 votos a favor, 22 en contra y 3 abstenciones, el expediente pasará ahora al Ministerio Público para que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pueda formalizar la investigación ante la Corte Suprema y continuar las pesquisas contra el exmandatario. Todo esto con miras a un juicio definitivo.

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En el mismo documento se incluye al prófugo exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, a quien se le imputan los delitos de organización criminal y colusión; y al exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, a quien se le atribuye el de organización criminal.

Teniendo un hemiciclo casi vacío, sobre todo de las curules de izquierda, Castillo, a través de su abogado Eduardo Pachas, se negó a presentar una defensa y dijo que quería participar presencialmente.

Diego Bazán, congresista de Avanza País encargado de sustentar el informe en el Pleno, señaló durante su exposición que ninguno de los tres denunciados presentaron descargos a la Subcomisión pese a haber sido notificados en más de una oportunidad.

En el caso de Castillo, se le notificó el 6 de diciembre de 2022 en Palacio de Gobierno cuando aún era presidente. Según pudo conocer Perú21, incluso el personal del Congreso estuvo en el penal de Barbadillo para brindarle facilidades tecnológicas, de manera que Castillo haga uso de su derecho a la defensa, pero el exmandatario neciamente se negó.

Bazán sustentó la acusación en base a tres casos: el primero vinculado a la administración de Petroperú, ya que como se conoce se habría direccionado el proceso de adquisición de competencias para la compra de Biodiesel a favor de Heaven Petroleum Operators, empresa de Samir Abudayeh.

El segundo caso, según se lee en el documento, corresponde al MTC Provías descentralizado, por irregularidades en la licitación de la construcción del puente Tarata sobre el río Huallaga, tras la designación de Juan Silva como titular.

El tercer caso está relacionado al Ministerio de Vivienda, ya que tras la designación de Alvarado se habría copado la institución a través de Salatiel Marrufo con la finalidad de manejar, controlar y direccionar la ejecución de los proyectos de inversión en diversas municipalidades.

Según mencionó el congresista Bazán a este diario, el MP puede actuar a partir de hoy para que también se pida una prisión preventiva por los casos de corrupción. “Se ha podido corroborar una correlación entre los delitos imputados y los funcionarios”, señaló.

LO QUE SIGUE

El abogado penalista Luis Lamas Puccio señaló a Perú21 que “a partir de ahora el caso debe pasar a una segunda etapa que es la investigación preparatoria, ya que al señor Castillo se le ha levantado la inmunidad. La fiscal de la Nación puede solicitar medidas de coerción, como una prisión preventiva de hasta 36 meses. Se necesita formalizar una acusación”, indicó .

DATOS

• Los otros 5 casos por los que también Pedro Castillo es investigado son plagio (lo investiga Fiscalía de Cajamarca), golpe de Estado, ascensos militares, Yenifer Paredes y la destitución del exministro del Interior Mariano González.
• El investigado Salatiel Marrufo, exjefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda y Construcción, decidió guardar silencio ante la Comisión de Fiscalización.

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